Abogado defensor de Sandra Ortiz niega chantajes a la Fiscalía en caso de corrupción en la Ungrd

El abogado Oswaldo Medina, defensor de Sandra Ortiz, negó categóricamente las acusaciones de que su cliente o su equipo legal hayan ejercido presiones, amenazas o chantajes contra la Fiscalía General de la Nación en el desarrollo de las negociaciones para obtener beneficios jurídicos.

Ortiz, ex alta consejera para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro, buscaba un acuerdo de colaboración con la justicia en el caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), pero la Fiscalía rechazó su solicitud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“No es cierto que Sandra Ortiz, este defensor o algún miembro de mi equipo de trabajo hayan amenazado, presionado, chantajeado y mucho menos constreñido a los dos fiscales delegados para esta investigación, ni a ningún otro miembro del ente acusador”, dijo el jurista.

Medina aseguró que las conversaciones entre la defensa y la Fiscalía se llevaron a cabo en un ambiente de respeto y cordialidad en el búnker de la entidad. Durante estas reuniones, Ortiz tuvo acceso a su teléfono móvil, que estaba bajo custodia de la Fiscalía, con el propósito de elaborar matrices de colaboración que pudieran esclarecer hechos relevantes para la investigación.

“Las negociaciones que de mutuo acuerdo se iniciaron entre Fiscalía y Defensa se llevaron a cabo en el búnker de la Fiscalía con la asistencia de mi representada, a quien se le permitió revisar su celular, el cual tenía incautado en ese momento la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de realizar unas matrices de colaboración para esclarecer varios hechos de interés para la Fiscalía”, precisó públicamente Medina.

El abogado expresó su sorpresa ante las declaraciones de los fiscales, que señalaron que las negociaciones habrían estado marcadas por amenazas y chantajes. La Fiscalía decidió cerrar la puerta a un principio de oportunidad para Ortiz, argumentando que la información proporcionada por la exfuncionaria era confusa, contradictoria y carecía de pruebas objetivas que la respaldaran.

Ortiz, que enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, había ofrecido información que, según su versión, implicaba a altos funcionarios del gobierno en el escándalo de corrupción de la Ungrd. Entre las revelaciones más destacadas, Ortiz afirmó que entregó $3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, con el objetivo de apoyar las reformas sociales de Petro y facilitar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. Según los chats, Fernández habría solicitado directamente el apoyo de Ortiz para garantizar su elección, mientras que Name habría recibido pagos en dos partes: $1.500 millones inicialmente y el resto tras la elección de Fernández.

El 17 de octubre de 2023, Fernández fue elegido magistrado de la Corte Constitucional con una amplia mayoría de 88 votos en el Senado, superando a los otros candidatos de la terna, Cielo Rusinque y Gerardo Vega, que obtuvieron dos y un voto, respectivamente. Tras su elección, Fernández envió un mensaje de agradecimiento a Ortiz, en el que reconocía su apoyo en el proceso. Ortiz, conocida en este caso como “la mensajera”, también señaló que el dinero entregado a Name no solo buscaba garantizar la elección de Fernández, sino también facilitar la agenda legislativa del gobierno en el Congreso.

A pesar de la gravedad de las acusaciones y de la información que Ortiz asegura poseer, la Fiscalía optó por no otorgarle inmunidad total a través de un principio de oportunidad. En cambio, le ofreció un preacuerdo que implicaba una rebaja de pena, pero sin la obligación de delatar a otros implicados. Según los fiscales, la colaboración de Ortiz no cumplía con los estándares necesarios para superar el control judicial, debido a la falta de evidencias contundentes que respaldaran sus afirmaciones.

En un intento por mantener su disposición a colaborar con la justicia, Ortiz envió una carta a la Corte Suprema de Justicia, solicitando ser escuchada en una diligencia de declaración. En la misiva, dirigida al magistrado Javier Farfán y al presidente de la Sala de Instrucción, César Reyes, Ortiz reiteró su intención de aportar información sobre los casos de corrupción en la Ungrd que involucran a varios funcionarios públicos. Según detalló en la carta, su testimonio había sido rechazado por la Fiscalía, lo que la llevó a buscar una nueva instancia para exponer su versión de los hechos.

Entre los nombres mencionados por Ortiz en el escándalo figuran el magistrado Vladimir Fernández y el exfuncionario Carlos Ramón González, que, con base en su relato, habrían estado involucrados en las irregularidades relacionadas con el manejo de los recursos de la Ungrd. Además, los mensajes revelados por Semana muestran cómo Ortiz gestionó reuniones y entregas de dinero para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, incluyendo conversaciones con Name y Fernández.