Irene Vélez se refirió al aumento de ataques cibernéticos desde que llegó a la Anla: “Soy acosada desde los sectores más conservadores, privatizadores y depredadores”

Desde la designación de Irene Vélez Torres como directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la entidad ha reportado un aumento significativo en la frecuencia e intensidad de los ciberataques dirigidos a sus plataformas digitales. Así lo dio a conocer la institución en un comunicado oficial emitido en los últimos días.

Vélez, desde su cuenta personal de X, denunció el caso y señaló que detrás del mismo hay intenciones políticas.

“Otra vez soy acosada desde los sectores más conservadores, privatizadores y depredadores por ser radical y no doblegar mi criterio ni mi activismo por la justicia. Se activa nuevamente la matriz de ataque despiadado contra el progresismo. Les asusta nuestra capacidad de materializar un programa de gobierno centrado en la justicia, capaz de devolver el poder al pueblo, a los de abajo”, señaló.

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De acuerdo con la ANLA, desde el pasado 21 de abril —fecha en la que Vélez asumió funciones— se ha detectado un incremento inusual en los intentos de acceso no autorizado a los sistemas informáticos de la entidad. Las cifras entregadas por la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) indican que en el transcurso de una semana los intentos de ingreso indebido se duplicaron, al pasar de 98,7 millones a 199 millones.

El aumento en la escala y frecuencia de estos ataques ha afectado especialmente el portal web institucional y herramientas esenciales como el sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD). Estas plataformas son clave para la ejecución de los procesos misionales de la ANLA, razón por la cual se han activado mecanismos especiales de vigilancia y respuesta.

“Se trata de una escala de ataques sin precedentes contra nuestros servicios digitales, que pone a prueba de manera significativa la capacidad de respuesta tecnológica y operativa de la ANLA”, se lee en un comunicado emitido por la entidad.

El equipo de seguridad informática de la entidad ha intensificado su labor para asegurar la estabilidad operativa de los servicios digitales. Mediante la activación de protocolos específicos y el fortalecimiento de los controles de seguridad, la autoridad ha logrado mantener en funcionamiento sus plataformas principales, a pesar de los riesgos y amenazas identificadas.

Frente a la situación, la ANLA anunció que pondrá en marcha acciones legales ante las autoridades judiciales y competentes. El objetivo de estas medidas es garantizar la protección integral de los sistemas de información y asegurar la continuidad del servicio prestado a la ciudadanía, comunidades y actores involucrados en el licenciamiento ambiental.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad digital y la salvaguarda de la información pública, destacando los esfuerzos del equipo técnico que ha venido enfrentando la actual coyuntura. Asimismo, recalcó la importancia de mantener la confianza de los usuarios en un entorno digital seguro y funcional.

Vélez Torres, que fue ministra de Minas y Energía entre 2022 y 2023, será responsable de dirigir la Anla, una entidad clave para el desarrollo ambiental del país. En su paso por el ministerio de Minas y Energía, Vélez lideró una visión de transición energética con un enfoque en la democratización del acceso a la energía.

Su trabajo en esta área fue particularmente relevante, pues se centró en impulsar políticas que buscaran la inclusión de energías renovables en el panorama energético nacional, mientras se promovía una transición que también fuera socialmente justa y ambientalmente responsable.

Así mismo, el perfil de Irene Vélez en el campo académico y profesional se complementa con una sólida formación en Geografía, disciplina en la que es doctora por la Universidad de Copenhague, y con su experiencia internacional, que incluye investigaciones sobre conflictos ambientales derivados de la minería y las políticas energéticas globales.

La nueva directora tendrá la responsabilidad de asegurar que estos proyectos se realicen bajo estrictas normativas ambientales, garantizando el respeto a los territorios y las comunidades que puedan verse afectadas.