Reforma pensional de Petro prohibiría hacer inversiones en varios sectores: estas empresas serían las más afectadas

La exclusión de ciertos instrumentos financieros del régimen de inversiones propuesto en la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, generó alarma entre diversos actores del sector financiero.

La Asociación Colombiana de Capital Privado y Capital Emprendedor (ColCapital) advirtió sobre los posibles impactos negativos en el mercado de capitales y en el desarrollo de proyectos sociales y productivos, si se excluyen los Fondos de Capital Privado (FCP), los Fondos de Inversión Colectiva Inmobiliaria (Fici) y las titularizaciones inmobiliarias. Según el gremio, la medida comprometería el futuro financiero de numerosos sectores que dependen de estas herramientas de inversión.

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De acuerdo con un comunicado de ColCapital, los inversionistas institucionales, en especial las administradoras de fondos de pensiones (AFP), desempeñan un papel crítico en este tipo de instrumentos. “En 2024, las AFP representaron el 46% de la inversión en FCP, FICI y titularizaciones inmobiliarias, con lo que canalizan recursos hacia sectores prioritarios como vivienda, infraestructura, salud y educación”, señaló la asociación, al destacar la magnitud de las inversiones comprometidas.

Y es que la exclusión de estas herramientas podría frenar el financiamiento de proyectos que son parte fundamental del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, lo que puede afectar tanto su ejecución como la sostenibilidad.

El debate se centra en la capacidad del nuevo régimen de inversiones para cumplir con los principios de rentabilidad, seguridad y liquidez, establecidos en la reforma pensional. Según ColCapital, una estrategia de diversificación que incluya los activos alternativos es esencial para optimizar el rendimiento y garantizar el crecimiento de los ahorros pensionales.

“La reforma pensional estipula que la inversión debe orientarse hacia una gestión prudente, que garantice la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos de los ahorradores”, afirmó el gremio al resaltar que excluir estas opciones de inversión limitaría las perspectivas de rentabilidad y, como resultado, impactaría de forma negativa en las pensiones de los colombianos.

El papel de la Unidad de Regulación Financiera (URF) es clave en los avances relacionados con la implementación del nuevo régimen de inversiones. Dicha entidad trabaja en tres decretos destinados a regular cómo se harán las inversiones, teniendo en cuenta los niveles de ingreso de los ciudadanos y los dos regímenes que introduce la ley: uno manejado por el Banco de la República y otro administrado por las administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai).

La URF informó que, durante la transición que establece la reforma, no será posible incluir recursos provenientes de fondos moderados en activos alternativos, (inversiones que no son acciones, bonos o efectivo, y que pueden incluir bienes raíces, capital privado, fondos de cobertura, materias primas, infraestructura, criptomonedas y otros activos tangibles como el arte y los vinos). lo que amplía la incertidumbre .

De esta manera, entre las preocupaciones manifestadas está el riesgo de un freno en el dinamismo del mercado de capitales. “La propuesta de excluir los activos alternativos del régimen de inversión tiene la capacidad de congelar una parte significativa de su financiación, afectando negativamente el crecimiento de los vehículos”, aseguró ColCapital.

Esto incluiría impactos específicos en micro, pequeñas y medianas empresas sostenibles y en sectores estratégicos para el desarrollo del país, como aquellos relacionados con proyectos regionales de largo plazo. La asociación también advirtió que esta exclusión podría fomentar la salida de capitales al extranjero, lo que debilitará el sistema financiero nacional.

La reforma pensional apunta a establecer una estructura más eficiente para la gestión de los recursos, con especial atención al proceso de acumulación y desacumulación de fondos. Entonces, mientras la acumulación se relaciona con los aportes hechos por los cotizantes, la desacumulación corresponde a la etapa en la que se distribuyen los recursos pensionales.

Para garantizar que esta transición sea segura y gradual, se espera que uno de los decretos en desarrollo establezca las trayectorias de inversión necesarias para reducir riesgos a medida que los ciudadanos se acercan a la edad de pensión.

En respuesta a estas preocupaciones, ColCapital redobló esfuerzos para que las discusiones actuales incluyan las necesidades de los inversionistas institucionales y la importancia de los activos alternativos.

Dentro de los planteamientos, insiste en la vital necesidad de diseñar una transición adecuada que respalde el crecimiento de los fondos de inversión y proteja los ahorros de los ciudadanos. Esto, según la asociación, garantizaría tanto la sostenibilidad del sistema como mayores beneficios para el desarrollo económico y social del país.

Aunque la Unidad de Regulación Financiera continúa en diálogos con sectores como el representado por ColCapital, los decretos finales sobre el régimen de inversiones aún están en proceso de definición. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de estos instrumentos de inversión permanece latente, y dependerá de las decisiones regulatorias la configuración de un régimen que logre maximizar el ahorro pensional sin comprometer el crecimiento de sectores estratégicos para Colombia.