La Fiscalía General de la Nación alcanzó un principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en medio de las investigaciones por el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El acuerdo convierte a Benavides en una testigo clave dentro de los procesos judiciales contra varios altos funcionarios del Gobierno, presuntamente implicados en una red de direccionamiento de contratos.
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La exfuncionaria, que deberá comparecer el 8 de mayo ante la justicia para ser imputada por el delito de tráfico de influencias de servidor público, ha aportado información considerada crucial por los investigadores.
Según fuentes judiciales, sus declaraciones han permitido abrir nuevas líneas de investigación que comprometen no solo a su antiguo jefe, Ricardo Bonilla, sino también a congresistas y otros funcionarios públicos.
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de audiencia de imputación contra Benavides, destacando que la exasesora ha sido señalada por varios testigos como el “puente” entre el Ministerio de Hacienda, la Ungrd y ciertos congresistas que habrían intervenido para direccionar contratos con fines políticos.
De acuerdo con los hallazgos preliminares de la Fiscalía, este entramado de corrupción permitió el direccionamiento irregular de al menos tres contratos, por un valor estimado de $92.000 millones. Los municipios directamente afectados por estas maniobras serían Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar, zonas donde los recursos públicos debían destinarse a la atención de emergencias y prevención de desastres.
El ente acusador determinó que los recursos desviados habrían sido usados para comprar votos de congresistas que integraban la Comisión de Crédito Público, con el fin de garantizar la aprobación de créditos requeridos por el Gobierno. En su colaboración como testigo, Benavides entregó información que implica a altos funcionarios, entre ellos al actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al directivo del Invías Juan José Oyuela.
Benavides afirmó que “el ministro Velasco también estaba sugiriendo que se buscara otro camino, y él también me estaba diciendo que era vía Unidad de Gestión de Riesgo”. Según ella, las demoras de Invías en ejecutar las órdenes ministeriales aumentaron la presión sobre su papel: “Él (Oyuela) respondía cuando podía y tenía reuniones”.
Audios revelados por Semana confirman el ambiente de presión dentro del Ministerio de Hacienda para lograr los votos parlamentarios necesarios. Benavides relató que el entonces ministro Bonilla “se le acababa el tiempo y que algo había que hacer”. Ella describe que recibía presiones constantes desde el Congreso: “No están saliendo, no los han contactado, no los han llamado, no los han buscado, no se ha hecho nada, eso no va a ser en este año. María Alejandra, hazlo, y yo le decía al ministro que yo lo hacía”.
Además, detalló cómo operaban los denominados “cupos indicativos”, los cuales, según su testimonio, “se daban a cambio de créditos (inaudible), esos cupos eran en pro de garantizar la gobernabilidad”. Dichos beneficios, dijo, eran utilizados para asegurar apoyo legislativo a iniciativas clave del Gobierno, como el Presupuesto General de la Nación y las reformas tributarias.
Este testimonio, respaldado por pruebas documentales y grabaciones, representa un nuevo impulso para las investigaciones y podría derivar en decisiones judiciales de mayor impacto político en las próximas semanas.
Por ahora, el principio de oportunidad otorgado a Benavides implica que se suspende la acción penal en su contra de manera temporal, a cambio de su colaboración con la justicia. Esta figura permite a la Fiscalía fortalecer sus casos contra los posibles responsables de los hechos de corrupción, a través del testimonio de actores clave dentro del entramado delictivo.
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