El aumento de los ataques contra la fuerza pública en Colombia, en el marco del denominado ‘plan pistola‘, ha dejado hasta la fecha un saldo de al menos veintiocho uniformados asesinados.
Los atentados más recientes ocurrieron en Melgar, en el departamento del Tolima, y en Caucasia, Antioquia.
La ofensiva, atribuida a diversos grupos armados ilegales, sigue desafiando los intentos del Gobierno colombiano por avanzar en su política de “Paz Total”.
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En Melgar, en la noche del 29 de abril, un grupo de policías fue emboscado mientras realizaba un operativo para capturar a un sospechoso de homicidio.
Según las autoridades, los uniformados fueron sorprendidos con una ráfaga de disparos al intentar ingresar a una residencia en el barrio El Balso.
Cuatro policías resultaron heridos junto a una civil que se encontraba en la zona.
El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, señaló que el operativo incluyó un refuerzo territorial para limitar el desplazamiento de los agresores, a quienes aún no han podido capturar.
La institución ofreció una recompensa de veinte millones de pesos por información que permita su detención.
En Caucasia, otro de los focos de los ataques, dos sicarios perpetraron una acción contra una unidad policial en pleno centro del municipio.
De acuerdo con la Policía, uno de los agresores fue abatido por las fuerzas públicas, mientras que el otro logró huir.
El ataque, presuntamente coordinado por el Clan del Golfo, forma parte de las agresiones sistemáticas que este grupo, junto con otras facciones armadas ilegales, ha dirigido hacia la Policía Nacional y las Fuerzas Militares en varios departamentos del país, incluidos Magdalena, Norte de Santander, Córdoba, Antioquia, Huila y Guaviare.
Por su parte, el Gobierno central continúa evaluando los mecanismos de respuesta frente a este incremento de violencia.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa, indicó que un comité del Gobierno Nacional está revisando un análisis de las recientes embestidas, incluido el ataque ocurrido el 27 de abril en el Guaviare, donde siete soldados fueron asesinados.
Esta agresión ha generado tensiones adicionales dentro del proceso de negociación con las disidencias encabezadas por Alexánder Mendoza, alias ‘Calarcá’.
“Para alcanzar la paz se requiere voluntad”, declaró Sánchez al respecto, quien advirtió que las decisiones sobre la continuación de los diálogos se anunciarán esta semana.
En respuesta a la vulnerabilidad de los uniformados, la Policía Nacional adoptó una medida inédita. Según indicó el general Triana, se ha autorizado a los agentes portar armas reglamentarias en sus hogares y durante sus licencias o tiempo libre, con el objetivo de garantizar su defensa personal. Esta disposición busca proteger al personal de la institución en zonas catalogadas como de alto riesgo, entre ellas los departamentos de Bolívar y Atlántico.
La disidencias de las Farc al mando de ‘Calarcá’ ha intentado justificar sus acciones. Por medio de un comunicado, el grupo aseguró que el ataque contra la patrulla militar en el Guaviare fue un acto de “legítima defensa”. Esta aseveración ha sido rechazada por el Gobierno, que calificó la operación como un acto terrorista y denunció que las tropas emboscadas estaban garantizando acuerdos de desarme cuando fueron atacadas.
A su vez, la inseguridad también ha reavivado críticas a la política de “Paz Total” liderada por el presidente Gustavo Petro. Durante un evento en Bogotá, el expresidente Juan Manuel Santos en un evento reciente en la Universidad Militar expresó su escepticismo sobre la estrategia. “El Gobierno ha negociado con zanahoria, pero sin garrote”, aseveró Santos en una referencia a los incentivos otorgados por el Ejecutivo a los grupos armados. Según el exmandatario, estas concesiones han sido utilizadas por dichas organizaciones para consolidar su poder, en lugar de avanzar hacia un proceso real de desmovilización. Santos también cuestionó directamente los métodos del actual alto comisionado para la paz, señalando que la falta de planificación ha permitido el fortalecimiento de las disidencias.
Mientras tanto, las repercusiones de los ataques afectan no solo a la seguridad pública, sino también a las familias de las víctimas. La Corporación Matamoros, una organización dedicada al apoyo de militares y policías heridos y a las familias de las víctimas fatales, ha iniciado una campaña de donaciones para atender sus necesidades más urgentes. La iniciativa busca brindar alivio económico frente a una situación que, como describió el general Triana, requiere un trabajo conjunto del Estado y la sociedad civil.
El impacto de estas acciones se refleja tanto en el plano operativo, con las fuerzas públicas bajo ataque constante, como en el político, donde las divisiones sobre la estrategia de paz continúan generando controversias en Colombia. Desentrañar el curso de los acontecimientos dependerá, en gran medida, de las decisiones que tome el Gobierno en los próximos días frente a los violentos retos que plantea el Plan Pistola.
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