La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia programó para el 2 de mayo de 2025 una citación al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González.
El propósito de esta citación es resolver una apelación presentada por su equipo jurídico, que busca anular la autorización otorgada por el Tribunal Superior de Bogotá, la cual permitió a la Fiscalía realizar búsquedas selectivas en bases de datos relacionadas con el caso.
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El caso gira en torno a un presunto esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el que González estaría implicado.
“De conformidad con lo ordenado en auto del veintinueve (29) de abril de 2025, proferido por el H. Magistrado de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, doctor FRANCISCO JAVIER FARFÁN MOLINA, dentro del proceso de la referencia, que se adelanta en contra del doctor CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ MERCHÁN; me permito comunicarle que se dispuso convocar a las partes para el desarrollo de la audiencia de lectura de auto de segunda instancia, la que tendrá lugar el próximo dos (02) de mayo de 2025 a partir de las 9:30 a.m.”, se lee en la citación emitida por el alto tribunal.
De igual manera, la Corte Suprema resaltó que “a la audiencia programada las partes asistirán de MANERA PRESENCIAL, en las instalaciones de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (...) deberá hacer presencia quince (15) minutos antes del desarrollo de la diligencia, con el propósito de evitar demoras injustificadas”.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las pruebas obtenidas incluyen registros de comunicaciones, rastreos geográficos, financieros, migratorios, digitales y tecnológicos, los cuales podrían vincular al exfuncionario con el delito de tráfico de influencias a servidor público. La defensa de González argumenta que estas pruebas, obtenidas a través de los dispositivos móviles del acusado, no deberían ser admitidas.
Dicha medida fue avalada por el magistrado Luis Enrique Bustos, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que determinó que las solicitudes presentadas por el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Sandoval, cumplen con los requisitos legales. “Se acataron cabalmente los postulados constitucionales y legales”, señaló el magistrado en su decisión.
De igual manera, el magistrado indicó que el objetivo principal de estas acciones es determinar si existen pruebas suficientes para imputarle cargos por el delito de tráfico de influencias.
Por su parte, el fiscal Gabriel Sandoval, encargado del caso, argumentó la necesidad de acceder a los datos digitales y financieros del exdirector del Dapre para avanzar en la recolección de pruebas que permitan sustentar las acusaciones. Según el reporte, esta medida forma parte de una estrategia más amplia para desentrañar las posibles conexiones entre González y otros actores implicados en el esquema de corrupción.
La citación se da en el contexto de una investigación que también involucra a cinco congresistas y un excongresista, quienes habrían aprovechado su posición en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp) para emitir conceptos favorables a cambio de beneficios económicos.
Investigación contra Carlos Ramón González
El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, enfrenta una investigación por presuntamente haber ordenado el pago de millonarios sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes en octubre de 2023.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, estos pagos habrían tenido como objetivo impulsar las reformas propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La acusación principal contra González es por el delito de tráfico de influencias a servidor público.
De acuerdo con el ente acusador, González habría dado instrucciones a Olmedo de Jesús López Martínez, entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para gestionar contratos que beneficiaran a los congresistas Iván Name y Andrés David Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes.
Sin embargo, al no concretarse dichos contratos, se habría optado por entregar dinero en efectivo. Según la Fiscalía, los montos entregados habrían sido de 3.000 millones de pesos para Name y 1.000 millones de pesos para Calle, respectivamente.
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