La inminente llegada de la minga indígena a Bogotá para participar en las manifestaciones convocadas por el Gobierno nacional el 1 de mayo ha despertado cuestionamientos en el sector político, especialmente luego de revelarse millonarios contratos firmados recientemente con organizaciones indígenas.
A la par que las comunidades se siguen movilizando hacia la capital, se consolida una controversia sobre el destino de recursos públicos, el momento de las asignaciones y su posible trasfondo político.
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En lo corrido de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha suscrito compromisos con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) por más de $300.000 millones, según denunció públicamente el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, que ha sido uno de los principales críticos de la actual administración.
Uno de los contratos más recientes fue firmado entre el Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, y el Cric. Según lo revelado, se trata de un convenio por $39.000 millones, orientado a implementar acciones diferenciales dentro del sistema de salud indígena, respetando los saberes ancestrales, prácticas culturales y costumbres tradicionales de 11 pueblos del Cauca.
La crítica de Briceño se enfocó en que, según él: “El contrato se firmó entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m. del pasado 25 de abril, justo cuando se registraban disturbios en la Universidad Nacional. ¿Sirvió la presión?”, escribió el concejal en su cuenta de X, en alusión a una posible negociación política detrás del convenio.
Una apuesta por la salud diferencial, en medio del ruido político
Desde el Ministerio de Salud señalaron que el contrato se encuentra en flujo de aprobación en el Secop, el sistema oficial de contratación estatal, y que este tipo de convenios no son nuevos. “Se han venido desarrollando desde el año 2017 de manera anual”, explicó el ministerio, recordando que incluso, en enero de 2022, se suscribió un convenio similar con el Cric.
El documento firmado establece que el contrato estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2025, y permitirá la contratación de más de 530 personas, entre ellos 138 coordinadores de salud, 138 líderes políticos, 138 líderes de sabiduría ancestral y diversos líderes zonales de apoyo.
Dentro del plan de acción están contempladas actividades como encuentros de saberes, espacios espirituales, fortalecimiento ancestral e intercambios culturales. Además, se han presupuestado pagos de entre $1 millón y $4 millones por vehículo utilizado para el transporte comunitario, lo que ha despertado más suspicacias al coincidir con la masiva movilización de comunidades hacia la capital del país.
¿Apoyo político disfrazado de inversión social?
Más allá del convenio con el Ministerio de Salud, Briceño también denunció que el Ministerio del Interior ha transferido en los últimos cuatro meses $10.000 millones a la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic). Según su acusación, estos recursos estarían relacionados con la movilización de comunidades indígenas para respaldar la consulta popular y las marchas del próximo primero de mayo, promovidas por el Ejecutivo.
El Gobierno macional no se ha pronunciado oficialmente frente a estos señalamientos. Sin embargo, ha precisado que el convenio con el Cric hace parte de los compromisos establecidos en el marco de la Comisión Mixta, que articula la relación entre el Estado y las comunidades indígenas, y que no implica acuerdos con otras organizaciones indígenas del país.
Para muchos, el respaldo de las comunidades indígenas al Gobierno Petro no es una novedad. Desde el inicio de su mandato, el presidente ha hecho de la inclusión de pueblos ancestrales una de sus banderas políticas y, aunque los contratos en cuestión se sustentan en programas sociales de larga duración y principios de autonomía indígena, el momento político en que se suscriben, la magnitud de los recursos y la coincidencia con la agenda del Gobierno alimentan una narrativa crítica sobre su uso con fines clientelistas o movilizadores.
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