La Corte Constitucional aclaró que no tiene la competencia para investigar a sus propios magistrados, en respuesta a las acusaciones que involucran al magistrado Vladimir Fernández, que fue señalado en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según informó el tribunal, los magistrados están protegidos por la presunción de inocencia y, en caso de ser requeridos, estarán dispuestos a colaborar con las autoridades competentes.
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“Los magistrados y magistradas están amparados por la presunción de inocencia y siempre estarán prestos a dar las explicaciones a que haya lugar ante las autoridades correspondientes, en caso de que sean requeridos conforme a la ley”, explican desde la Corte en un documento.
En un comunicado oficial, la Corte subrayó que respetará las decisiones que adopten las autoridades encargadas de investigar y juzgar, siempre en el marco del debido proceso y los fueros establecidos por la ley.
“La Corte Constitucional se permite precisar a la opinión pública que no es la autoridad competente para surtir actuaciones de investigación o intervención en relación con los hechos a que se han referido recientemente algunos medios de comunicación”, dice el documento.
Además, rechazó enfáticamente las filtraciones y afirmaciones falsas que, según el tribunal, buscan deslegitimar sus deliberaciones y decisiones colegiadas.
“La Corte Constitucional rechaza categóricamente las afirmaciones falsas que circulan sobre lo que ocurre en la Sala Plena y sobre su funcionamiento, así como las filtraciones y caracterizaciones erradas que pretenden deslegitimar sus deliberaciones y decisiones colegiadas”, se añade en el comunicado.
La Corte reafirmó su compromiso con la integridad de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales.
“La Corte Constitucional estará atenta a la actuación de las autoridades competentes que correspondan y respetará en su integridad las decisiones que conforme a su autonomía adopten, con el respeto del debido proceso y de los fueros de investigación y juzgamiento que el orden jurídico contempla”, dice el documento de la Corte.
El magistrado Vladimir Fernández, que anteriormente se desempeñó como secretario jurídico del presidente Gustavo Petro, ha estado en el centro de la controversia tras la publicación de chats por parte de la revista Semana.
En estos mensajes, la exsecretaria para las regiones de la Presidencia, Sandra Ortiz, habría implicado a Fernández en el uso de fondos corruptos de la Ungrd, presuntamente para influir en su elección como magistrado de la Corte Constitucional.
En medio de esta polémica, Fernández emitió una decisión que generó nuevas críticas.
Rechazó una demanda presentada contra la consulta popular propuesta por el presidente Petro, argumentando que no se trataba de un asunto de carácter constitucional.
En el documento de cinco páginas, Fernández explicó que las apreciaciones del demandante no planteaban una discusión constitucional válida y que las acusaciones sobre la consulta popular, como la supuesta usurpación de funciones del Congreso o la afectación de la separación de poderes, carecían de fundamento normativo objetivo.
El magistrado también señaló que el demandante había basado su caso en “apreciaciones subjetivas” y que el propósito de la acción no podía ser contrastar el contenido normativo de la Constitución con el procedimiento seguido para la convocatoria del mecanismo de participación popular.
Según el despacho de Fernández, estas cuestiones no eran competencia de la Corte Constitucional en esta etapa del proceso.
La controversia en torno a Fernández no se limita a este caso. El magistrado también fue responsable de suspender una investigación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. L
a suspensión se mantendrá hasta que se resuelva un conflicto de competencia entre el CNE y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, debido al fuero presidencial.
La Corte Constitucional, por su parte, reiteró que continuará desempeñando sus funciones con el rigor que exige su misión de salvaguardar la Constitución y los derechos fundamentales, mientras se mantiene atenta a las decisiones de las autoridades competentes en relación con las acusaciones que involucran a Fernández.
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