Luego de que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) negara una primera solicitud presentada por la Presidencia de la República para la emisión de un mensaje institucional que abordaba tanto la consulta popular como las movilizaciones del Día del Trabajo, el Gobierno ajustó su propuesta conforme a las recomendaciones de la entidad reguladora.
Según información compartida por la CRC a medios de comunicación, la Presidencia procedió a dividir el contenido en dos piezas separadas: una centrada en la convocatoria ciudadana para las marchas del 1 de mayo, y otra destinada a la información pedagógica relacionada con el mecanismo de consulta popular.
Esta adecuación permitió que la solicitud cumpliera con los lineamientos establecidos en la normativa vigente sobre el uso de espacios institucionales en medios de comunicación.
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Una vez verificada la conformidad del nuevo contenido con los criterios legales, la Comisión otorgó la aprobación correspondiente para la transmisión del mensaje institucional.
El espacio que hace referencia específicamente a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo ya se encuentra al aire a través de canales de televisión abierta en todo el país.
Con esta decisión, se confirma que en cumplimiento de la regulación aplicable la Presidencia podrá hacer uso de los canales oficiales para comunicar mensajes diferenciados en torno a las actividades programadas para el 1 de mayo y, de forma separada, la información sobre la consulta popular propuesta por el Ejecutivo, que aún debe ser evaluada por el Congreso.
Antecedentes y polémica
La CRC comunicó el pasado 27 de abril que la solicitud presentada por la Presidencia, cuyo objetivo era emitir un mensaje a través de canales televisivos, no fue aprobada al considerar que no cumplía con los criterios establecidos para los espacios institucionales en medios de comunicación.
En respuesta, el presidente Petro expresó su desacuerdo a través de redes sociales y en el marco del Consejo de Ministros celebrado el 28 de abril.
Según la CRC, el mensaje remitido por la Presidencia el 24 de abril no se ajustaba a los fines contemplados para estos espacios, definidos por normativas que delimitan el uso de los canales institucionales.
El organismo regulador sugirió que el Gobierno considerara dividir el contenido en dos segmentos diferenciados: uno orientado a convocar a la ciudadanía a conmemorar el Día del Trabajador mediante marchas, y otro para divulgar información pedagógica sobre el mecanismo de consulta popular, el cual aún no ha sido aprobado por el Congreso.
La decisión generó un nuevo capítulo de tensiones entre el Ejecutivo y entidades del Estado.
El presidente Petro calificó la negativa como un acto de censura y expresó preocupación por lo que considera una obstrucción a la comunicación de temas fundamentales para la participación democrática.
Desde su perspectiva, la consulta popular es un derecho consagrado en la Constitución y su promoción, en este contexto, no debería interpretarse como una campaña política.
En respuesta a las declaraciones del presidente, Sadi Contreras Fuset, comisionado de la CRC, explicó públicamente que la entidad actuó conforme a lo establecido en la ley, subrayando que invitar a apoyar o rechazar una consulta constituye un acto de participación política, y no un mensaje institucional, por lo que estaría fuera del alcance del tipo de contenidos permitidos en dichos espacios.
El presidente reiteró que, a su juicio, la actuación de la CRC podría configurar un caso de prevaricato, al impedir que el Gobierno exponga sus iniciativas ante la opinión pública por canales oficiales.
En este sentido, enfatizó que las declaraciones del Ejecutivo no constituyen una campaña política, ya que la consulta aún no ha sido aprobada por el Senado, por lo que la etapa de promoción electoral no ha comenzado.
Durante su intervención ante el Consejo de Ministros, Petro señaló que algunas decisiones institucionales provienen, según él, de sectores que buscan obstaculizar el cumplimiento del programa de Gobierno, y pidió al equipo jurídico de la Presidencia preparar la denuncia formal correspondiente ante las autoridades competentes.
Este episodio se suma a una serie de desencuentros entre el Gobierno y órganos estatales sobre el uso de canales oficiales de comunicación y la interpretación de los límites legales en torno a la participación política de los funcionarios públicos.
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