Gobernador de San Andrés acudió a instancias internacionales tras polémico fallo del Consejo de Estado: “La isla está en riesgo”

Nicolás Iván Gallardo Vásquez emprendió una ofensiva diplomática y legal internacional para revertir la decisión del Consejo de Estado que anuló su elección como gobernador de San Andrés y Providencia.

Gallardo viajó a Washington D. C., donde sostuvo reuniones con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

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La agenda, según confirmó W Radio, giró en torno a la búsqueda de respaldo internacional para proteger la democracia en el departamento insular

“Expusimos nuestro caso ante instancias internacionales por salvaguardar los derechos de toda una comunidad”, declaró Gallardo, al considerar que la decisión judicial vulnera los derechos del pueblo raizal y desconoce el principio de representación política sin mediar una condena penal. “Le hacemos un llamado al presidente de la República a que acompañe y respalde (…) el derecho de poder elegir y ser elegido”, añadió.

La defensa jurídica del exmandatario está en manos del reconocido abogado Víctor Mosquera, especializado en litigios ante organismos internacionales. Mosquera ha defendido en múltiples ocasiones casos relacionados con violaciones de derechos políticos y del debido proceso.

El 3 de abril, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró nula la elección de Gallardo como gobernador del archipiélago, tras concluir que incurrió en doble militancia durante la campaña electoral. El alto tribunal argumentó que el entonces candidato del Partido Liberal respaldó públicamente a aspirantes de otros partidos, como el Nuevo Liberalismo, el Partido Conservador y Colombia Justa Libres, lo cual está prohibido por la Ley 1475 de 2011.

La pieza clave en el fallo fue un video en el que se escucha a Gallardo expresar su respaldo a un candidato ajeno al Partido Liberal: “Necesitamos marcar por la Asamblea, por un amigo que tiene todas las cualidades para esa corporación y tiene todo mi respaldo”. Esta declaración, considerada una violación al régimen de inhabilidades, selló el destino judicial del entonces gobernador.

Pese a que el fallo está en firme, Gallardo ha cuestionado su legalidad y advirtió sobre irregularidades en el proceso: “Nosotros notamos desde la misma fijación del litigio unas inconsistencias, como también otras partes de reforma de la demanda, una doble reforma, la cual no debió tener lugar”, denunció. Además, afirmó que las pruebas no contaban con la cadena de custodia adecuada, insinuando una posible alteración o manipulación del material probatorio.

El exgobernador también planteó que la decisión del Consejo de Estado no puede evaluarse únicamente desde el plano jurídico, ya que tiene consecuencias directas sobre la gobernabilidad del archipiélago. “Es un fallo bastante preocupante en materia geopolítica, económica y social en el territorio”, afirmó en entrevista con la revista Semana.

“El departamento del Archipiélago ha venido viviendo una situación de inestabilidad política y social, y esto repercute en efectos económicos en los últimos años”, agregó.

Uno de los señalamientos más delicados realizados por Gallardo tiene que ver con la posible injerencia de intereses foráneos en la política local del archipiélago. Consultado por Semana sobre versiones que vinculan al gobierno de Nicaragua con un interés en su salida del poder, el exgobernador fue enfático: “San Andrés corre serios riesgos en materia geopolítica”.

Aunque no confirmó una intervención directa del régimen de Daniel Ortega, Gallardo advirtió que la actual crisis institucional puede ser un terreno fértil para actores externos: “Definitivamente, es preocupante cualquier tipo de manifestación o de comentario que se genere en torno a nuestra situación geopolítica, que seguramente afecte en lo social”.

En ese sentido, insistió en que la inestabilidad política no es nueva y ha sido aprovechada históricamente por actores con agendas ajenas a los intereses nacionales: “Nosotros nos preocupa esta inestabilidad política que ha venido viviendo el territorio, no solamente ahora, sino en el pasado, que lo único que hace es tener la posibilidad de que otros actores puedan estar revisando cosas diferentes a los intereses nacionales y a los de nuestra comunidad”.

Con el respaldo del abogado Mosquera y la exposición del caso ante organismos internacionales, Gallardo espera que la presión internacional conduzca a una revisión más exhaustiva del fallo y, eventualmente, a la restitución de sus derechos políticos.