Denuncian “mico” en el proyecto de acto legislativo que pretende validar el transfuguismo en Colombia: este es el motivo

La reforma constitucional que establece el transfuguismo para permitir que los congresistas cambien de partido por única vez durante un mismo periodo se discute en el Senado de la República, con argumentos que han generado controversia. Y todo porque entre los cambios propuestos al artículo 107 de la Carta Magna se incluyó un aparte que trasladaría la competencia para sancionar casos de doble militancia, del Consejo de Estado a los partidos políticos, lo que sin duda levantó polvareda por las posibles implicaciones para la justicia y la democracia.

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La modificación, aprobada en una etapa anterior del proceso legislativo, plantea que “la doble militancia solo será objeto de sanción por parte de los partidos o movimientos políticos al que pertenece de conformidad con los estatutos, según reglamentación hará la ley”; lo que como era de esperarse desató fuertes comentarios entre los opositores a esta iniciativa, como lo expresaron los senadores Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, y Angélica Lozano, de Alianza Verde.

Según el texto discutido, la responsabilidad de emitir sanciones recaería exclusivamente sobre los estatutos internos de los partidos, con lo que se debilitaría la autoridad judicial para intervenir, de acuerdo con los detractores. A juicio de Lozano, no solo es una burla a la democracia el permitir cambiar de partido cada 4 años, pues facilitaría la reelección de congresistas, sino que también hacia la justicia, teniendo en cuenta que con un “articulito” le quitarían competencia al alto tribunal para anular elecciones, como ha sucedido hasta el momento con varios miembros de la colectividad oficialista.

“Como el Consejo de Estado ha sido drástico y ha anulado la elección de senadores y gobernadores, pues fácil, en un articulito se le quita la competencia al Consejo de Estado. Yo me rehúso a burlarme así de la justicia”, indicó la congresista, en declaraciones recogidas por La FM.

Asimismo, Motoa, que también ha hecho públicas sus observaciones a la reforma, fue claro en señalar que lo que se buscaría es crear un escenario de, si se quiere, impunidad ante la normativa electoral vigente. “Los congresistas podrían hacer lo que les da la gana al interior de los partidos. Se elimina la posibilidad de sanción judicial y solo correspondería una sanción de tipo político del partido al cual pertenece el dirigente que viola el régimen de bancadas”, agregó el congresista, según el medio citado.

El transfuguismo, al encontrarse en el sexto de ocho debates requeridos para convertir la reforma en realidad, ha causado divisiones dentro del propio Senado, pues así como hay quienes se oponen, e incluso retiraron su respaldo a la iniciativa como la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, otros congresistas, en especial del Pacto Histórico, han respaldado la propuesta.

En efecto, Cabal, señaló en la red social X que esta norma podría traer graves riesgos para el sistema democrático en Colombia. "Voté a favor en debates anteriores porque creo en la defensa de la libertad política de los congresistas. Nadie debe quedar ‘secuestrado’ en partidos que traicionan sus principios o a sus electores", afirmó Cabal, aunque posteriormente dejó en claro que no votaría a favor, pues insistió que en un análisis más profundo encontró detalles más delicados.

La reforma no solo afecta a congresistas, sino también a otros funcionarios elegidos popularmente, como los gobernadores y alcaldes, lo que extiende el alcance de los posibles impactos. Con el Consejo de Estado removido del proceso sancionatorio, el análisis sobre las implicaciones para la gobernanza y transparencia en los procesos electorales se ha convertido en tema de debate central.

Este proyecto de modificación a la Constitución, que no es la primera vez que se lleva a cabo, forma parte de un paquete más amplio de reformas políticas que viene discutiéndose en el Congreso. Sin embargo, la controversia sobre sus objetivos y el alcance de cada cláusula ha complicado su camino hacia la aprobación final, pues como se observa, han surgido fuertes tensiones que rodean las reglas que rigen el sistema democrático y judicial.