En un giro sorpresivo durante la undécima sesión del juicio adversarial en su contra, el coronel en retiro Publio Hernán Mejía rompió su derecho a guardar silencio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El exoficial justificó su decisión en la necesidad de defender su integridad moral frente a lo que consideró acusaciones infundadas. “En este proceso lo perdí todo: mi carrera, mi vida, mi familia, pero conservo la dignidad y el honor”, afirmó.
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Mejía es investigado por su presunta participación en al menos 35 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas mientras estuvo al mando del Batallón de Infantería No. 7 “La Popa”, entre 2002 y 2004.
En total, la JEP examina cerca de 72 homicidios cometidos durante ese período, donde víctimas fueron presentadas como bajas legítimas en combate, en lo que la justicia ha denominado “falsos positivos”.
La audiencia fue presidida por la magistrada Reinere Jaramillo, queal inicio de la sesión recordó al coronel (r) Mejía que debía limitarse a responder las preguntas de la Fiscalía y su defensa, sin convertir su intervención en una versión libre.
No obstante, el excomandante comenzó su declaración con una reflexión personal que evidenció la carga emocional del proceso que enfrenta desde hace años.
“No fue fácil para mí tomar esa decisión. Como abogado y como soldado, hablé con mis abogados, quienes no estaban de acuerdo con esta decisión. Pero, mi necesidad de responder a tantas mentiras y a tantas cosas que a lo largo del juicio en silencio tuve que soportar, me llevó a hablar”, explicó.
En un tono crítico, rechazó los testimonios de exintegrantes del Ejército que lo han señalado como responsable de un patrón sistemático de asesinatos. “Esa verdad no puede ser escrita con mentiras pactadas, con personas que esperan beneficio y para ello enlodan el honor y el nombre de superiores o de personas que conocieron”.
“Yo ya pagué casi diez de prisión física. Estaba ese camino fácil, pero también está el camino de lo correcto”, insistió.
La negativa del coronel a aceptar cargos ante la JEP lo obligó a enfrentar un juicio adversarial, la vía más severa del sistema de justicia transicional, y que podría derivar en una condena de hasta 20 años de cárcel, de ser hallado culpable.
El proceso contra Mejía ha cobrado especial relevancia por tratarse de uno de los más avanzados en la JEP. El Batallón La Popa, bajo su mando, ha sido señalado por múltiples víctimas, organizaciones de derechos humanos y exmilitares como uno de los más comprometidos con la práctica de ejecuciones extrajudiciales.
El excomandante intentó contextualizar su actuación dentro de la coyuntura de seguridad de la época. Recordó que asumió el mando del batallón meses después del secuestro y asesinato de la exministra Consuelo Araújo, crimen que generó gran conmoción en Valledupar. “Una vez recibí la unidad, traté de hacer la mayor cantidad de cambios posibles. Busqué personas especialistas en cada una de las ramas de la vida militar para asignarlas a los cargos adecuados”, dijo.
Entre sus decisiones, mencionó el nombramiento del mayor Ruiz, actualmente procesado por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales, como jefe de inteligencia del batallón. “Busqué que en inteligencia estuviera un militar con curso de inteligencia”, explicó, deslindándose de las decisiones individuales que pudieron haber conducido a abusos.
Mejía también presentó resultados operacionales de su unidad, subrayando que durante su gestión “fueron más las capturas que las bajas”, en contravía de la llamada política del “conteo de cuerpos” que, según ha documentado la JEP, incentivó crímenes contra civiles para inflar resultados militares.
Con la declaración de Mejía culmina la fase de juicio oral del proceso. Quedan pendientes los alegatos finales de las partes, que antecederán la sentencia del tribunal de paz.
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