Una mujer de 30 años de edad fue procesada judicialmente en Mocoa, departamento del Putumayo, tras ser acusada de simular una extorsión utilizando aplicaciones de distorsión de voz para intimidar a su expareja y exigirle una alta suma de dinero.
La Fiscalía General de la Nación identificó a la señalada como Dayra Camila Gustín Basante, quien, según las investigaciones, habría fingido ser víctima de amenazas por parte de un grupo armado ilegal.
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Para ello, habría recurrido a herramientas digitales que modificaban su voz y así enviar mensajes intimidantes mediante mensajería instantánea.
El objetivo era obtener 30 millones de pesos de su expareja bajo la supuesta promesa de evitar un atentado contra su vida.
“De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre enero y abril de 2024, en la vereda Pueblo Viejo, en Putumayo. Al parecer, la procesada, a través de mensajería instantánea, fingió recibir amenazas de muerte contra ella, en las que obligaban al hombre a pagar la suma, la cual debía ser entregada en un sector rural”, detalló la Fiscalía.
Gracias a labores de policía judicial, se logró determinar que las amenazas no provenían de ningún grupo ilegal y que el montaje fue realizado íntegramente por la acusada.
“Labores de policía judicial permitieron evidenciar que la mujer habría utilizado una aplicación para distorsionar la voz y así engañar a su expareja”, confirmó el ente investigador.
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, la detención de Gustín Basante fue realizada por unidades del Gaula de la Policía Nacional en una vía pública del barrio Olímpico.
Posteriormente, un fiscal de la Seccional Putumayo le imputó el delito de extorsión agravada. Sin embargo, durante la audiencia de imputación, la mujer no aceptó los cargos.
Mientras avanza el proceso judicial, un juez de control de garantías le impuso medida de detención domiciliaria como medida de aseguramiento preventiva.
Médicos en Barranquilla enfrentan acusación por falsificación de documentos para ingresar en una sociedad
Dos médicos en Barranquilla, Cristóbal Adolfo Abello Munarriz y Jamed Nayid Hage Tafache, enfrentan un proceso judicial tras ser acusados de falsificar letras de cambio en un intento por ingresar a la sociedad de una clínica en la ciudad.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, los profesionales están siendo investigados por los delitos de falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.
De acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Atlántico, los hechos se remontan a 2018, cuando los médicos habrían elaborado las letras de cambio que posteriormente fueron presentadas en 2023 como parte de un proceso judicial civil.
Estas letras reclamaban deudas por montos de 1.800 millones de pesos y 1.600 millones de pesos, respectivamente.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) recopiló evidencia documental que incluye declaraciones de renta y respuestas de entidades bancarias.
Según esta información, los acusados no contaban con los recursos económicos necesarios para respaldar las sumas de dinero mencionadas en las letras de cambio.
Cristóbal Adolfo Abello Munarriz, cirujano pediatra, y Jamed Nayid Hage Tafache, anestesiólogo, ejercen su profesión en Barranquilla, donde se concentra su actividad laboral.
La Fiscalía presentó a ambos ante un juez de control de garantías, quien será el encargado de determinar las medidas judiciales correspondientes mientras avanza el proceso.
Jóvenes y menor implicados en red de asaltos a transporte privado en Cali
Tres presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como Los Toposos fueron enviados a prisión tras ser acusados de realizar asaltos a conductores de plataformas de transporte privado en Cali, Valle del Cauca, según informó la Fiscalía General de la Nación.
Un juez penal de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra José Marlos Banguera Perea, José Luis De La Cruz Tenorio y Juan David Prado Ordóñez, que habrían participado en al menos cinco robos cometidos entre noviembre de 2024 y enero de 2025.
Además, una cuarta persona, menor de edad al momento de los hechos, fue judicializada bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
De acuerdo con las investigaciones, los miembros de ‘Los Toposos’ utilizaban perfiles falsos de mujeres en plataformas digitales para solicitar servicios de transporte.
Una vez a bordo de los vehículos, intimidaban a los conductores con armas de fuego o cortopunzantes para despojarlos de sus pertenencias. Según las evidencias recopiladas, el monto total de lo robado en estos eventos supera los 22 millones de pesos. Las autoridades señalaron que los delitos ocurrieron entre el 13 de noviembre de 2024 y el 16 de enero de 2025.
La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, extorsión y lesiones personales.
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