Funcionario del Inpec y su expareja exigían dinero a cambio del trasladar de un recluso en Antioquia

Un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y su expareja sentimental fueron judicializados en las últimas horas por presuntamente haber exigido dinero a la esposa de un recluso a cambio de gestionar su traslado a un centro penitenciario nacional.

Los señalados son el dragoneante Pawer Fabián Fuentes Casas, quien fue enviado a prisión por decisión de un juez de control de garantías, y Silvana López Casas, su expareja, que deberá cumplir detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.

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Según la investigación liderada por un fiscal de la Seccional Medellín, los hechos ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2022, cuando los procesados habrían exigido 4.500.000 pesos a una mujer para facilitar el traslado de su esposo, que se encontraba detenido en el comando de Policía de Ituango, en el departamento de Antioquia, hacia un centro penitenciario del orden nacional.

“La víctima fue obligada a realizar cuatro consignaciones bancarias a tres cuentas diferentes que le fueron suministradas por la mujer investigada”, precisó la Fiscalía.

Además, el ente acusador reveló que Silvana López Casas habría amenazado de muerte a la víctima en varias ocasiones si no realizaba los pagos. En al menos un episodio, se presentó junto a otro individuo para presionarla directamente.

Ambos fueron capturados el pasado 23 de abril en operativos simultáneos realizados por unidades del Gaula de la Policía Nacional, con apoyo de la policía judicial del Inpec, en los municipios de Acacías, Meta y Medellín, Antioquia.

Durante las audiencias concentradas, ni Fuentes Casas ni López Casas aceptaron los cargos que les fueron imputados. El funcionario enfrenta el delito de concusión, mientras que su expareja es procesada por extorsión agravada.

El caso pone en evidencia nuevas alertas sobre posibles prácticas corruptas dentro del sistema penitenciario colombiano.

Cuatro funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fueron detenidos por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con el ingreso de elementos prohibidos a la Cárcel de Máxima Seguridad de Palogordo, ubicada en el municipio de Girón, en el departamento de Santander.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, estas capturas se llevaron a cabo el martes 8 de abrildel 2025, como parte de una investigación que comenzó en 2022 con el objetivo de combatir irregularidades dentro del sistema penitenciario colombiano.

El operativo, realizado en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), identificó a los detenidos como el sargento Yeison Duarte González, los dragoneantes Yamith Aguillón Delgado y Jonathan Gordillo, y el médico Hernán Castillo.

De acuerdo con las autoridades, estas personas estarían involucradas en la introducción de objetos no permitidos al penal, una práctica que, según las investigaciones, se había convertido en algo recurrente en este centro penitenciario de máxima seguridad.

La Fiscalía señaló que el sargento Yeison Duarte González desempeñaba un papel clave en estas actividades ilícitas, aprovechando su posición dentro de la estructura penitenciaria para facilitar el ingreso de los artículos prohibidos.

Por su parte, los dragoneantes Yamith Aguillón Delgado y Jonathan Gordillo también habrían participado activamente en estas acciones, aunque no se especificaron los detalles exactos de su implicación. En cuanto al médico Hernán Castillo, su rol en esta red de corrupción aún está siendo investigado.

Estas detenciones forman parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades para erradicar la corrupción en el sistema carcelario del país. Según reportó la Fiscalía, la investigación que llevó a estas capturas comenzó hace tres años y busca garantizar la integridad de los procesos penitenciarios, así como reforzar la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad y el orden en los centros de reclusión.

El caso de la Cárcel de Palogordo no es el primero en el que se denuncian irregularidades relacionadas con el ingreso de elementos prohibidos en prisiones colombianas.

Este tipo de prácticas, que incluyen desde el contrabando de teléfonos móviles hasta sustancias ilícitas, ha sido un problema persistente en el sistema penitenciario del país, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar los controles y las investigaciones en los últimos años.