
La ex consejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, señalada de haber participado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), no tendrá un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, según informó en su momento el ente acusador. Por medio de un comunicado, afirmó que uno de los motivos del rechazo es la gravedad de los delitos imputados: lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
“La colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria, y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial”, detalló el ente acusador en un comunicado emitido el 9 de abril de 2025.
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Luego, el 29 de abril de 2025, el ente acusador confirmó la decisión de negar a Ortiz el principio de oportunidad. La fiscal María Cristina Patiño, que lidera la investigación del caso, explicó ante varios medios de comunicación que la exfuncionaria no genera confianza para el ente acusador.
De acuerdo con su pronunciamiento, en un inicio, la hoy procesada se aseguró que estaba dispuesta a colaborar con la justicia y a revelar la información que conocía sobre el caso. No obstante, posteriormente, recurrió a un juez de la república para acusar a la Fiscalía de haberla constreñido. “Eso mina la confianza”, indicó.
Además, a lo largo del proceso de colaboración con el ente investigador, al exconsejera aseguró que dos mujeres de mucho poder, una de ellas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, tenían responsabilidad en los hechos de corrupción. Sin embargo, después se retractó, afirmando que no tenía ningún reparo contra ellas.

“Nosotros en este momento no sentimos que podemos confiar en una persona que varía, que es errática, que sale a los medios, que entrega información que debería haber sido confidencial hasta que se terminaran las negociaciones. Además, la prueba, la verdad, es deleznable”, precisó.
Asimismo, aclaró que la Fiscalía no tiene ninguna información aportada por la exfuncionaria que le permita sustentar una imputación de cargos o una eventual condena en contra de otras personas. Pues, se trata de “hechos circunstanciales” que no pueden ser corroborados.
“Ella como ciudadana por supuesto que puede denunciar, por supuesto que le puede entregar esta información a las autoridades, pero en lo que hace a la Fiscalía, ella las entrega a cambio de una inmunidad total que frente a la gravedad del delito y la fortaleza de la prueba, pues no se compadece y, por tanto, no habrá principio de oportunidad, ni por esta razón, ni tampoco por la confianza”, aclaró.
Una negociación para un preacuerdo: la otra opción de Ortiz

El fiscal Gabriel Sandoval, por su parte, informó que la exfuncionaria del Gobierno tiene todavía una posibilidad: negociar un preacuerdo con la Fiscalía. Insistió en que los diálogos para tramitar un principio de oportunidad ya no son viables.
Otras personas implicadas en el entramado, como el ex subdirector de manejo de desastres Sneyder Pinilla y e exasesor jurídico de la entidad Pedro Rodríguez Melo, lograron preacuerdos con la Fiscalía, los cuales ya cuentan con el aval de un juez de la República.
Los exfuncionarios de la Ungrd se comprometieron a regresar los recursos de los cuales se apropiaron de manera ilegal y contribuyeron a la justicia con revelación de información sobre los hechos y posibles implicados. Ahora, pesan sobre ellos sus respectivas sentencias condenatorias: Pinilla fue condenado a más de cinco años de prisión y Rodríguez Melo, a más de cuatro años de cárcel.
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