Se conoce cuándo podría acceder Colombia de nuevo a la línea de crédito que le suspendió el FMI al Gobierno Petro

El acceso de Colombia a los recursos de la Línea de Crédito Flexible (LCF) del Fondo Monetario Internacional (FMI) permanecerá bloqueado al menos hasta el 14 de junio, fecha límite para la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), documento que analiza las finanzas públicas nacionales y territoriales en un período de diez años. Facilita la planificación presupuestal y la toma de decisiones en materia fiscal, lo que garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El mismo es un requisito indispensable para completar la consulta del Artículo IV, un proceso que evalúa el estado general de la economía del país y que, a su vez, es necesario para la revisión de mitad de periodo de la LCF. Aunque la línea de crédito no ha sido cancelada, su uso está condicionado a la finalización de estos procedimientos.

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De igual manera, el MFMP debe ser presentado por ley antes del 14 de junio. Una vez publicado, se procederá a concluir la consulta del Artículo IV, cuyas conclusiones preliminares fueron divulgadas hace apenas diez días, pero que aún no está finalizada. Luego, se llevará a cabo la revisión de mitad de periodo de la LCF, un paso crucial para determinar si Colombia sigue siendo elegible para acceder a este mecanismo de financiamiento en condiciones favorables. El retraso en el proceso dejó al país sin acceso a los recursos de la línea de crédito, diseñada para situaciones de emergencia.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó que el equipo técnico del FMI reconoció la resiliencia de Colombia en el manejo de sus políticas monetarias, fiscales y externas. Según él, se lograron avances importantes en el control de la inflación, la reducción del déficit en cuenta corriente y la racionalización del gasto público, sin comprometer los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Además, resaltó que el manejo del crédito público ha sido adecuado, lo que refuerza la confianza en la estabilidad económica del país.

El retraso en la consulta del Artículo IV, que usualmente se completa en febrero, se atribuye a los cambios recientes en el liderazgo del Ministerio de Hacienda. Según una fuente citada por El Tiempo, la transición entre los ministros Ricardo Bonilla, Diego Guevara y, finalmente, Germán Ávila, generó un inicio de año atípico. Durante la visita del equipo del FMI en febrero, Guevara acababa de asumir el cargo, lo que habría contribuido a la demora en el proceso.

La Línea de Crédito Flexible, creada por el FMI en 2008 tras la crisis financiera global, está reservada para países con un manejo macroeconómico y fiscal sólido. Colombia fue uno de los primeros países en ser elegible para esta línea en 2009 y la ha renovado diez veces desde entonces. Sin embargo, solo utilizó los recursos una vez, durante la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19.

La última renovación de la LCF tuvo lugar el 26 de abril de 2024, con una vigencia de dos años hasta abril de 2026, pero el uso está condicionado a la revisión de mitad de periodo, que no ha podido comenzar debido a la falta de finalización del Artículo IV.

De manera paralela, el Gobierno trabaja en la construcción del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que incluirá medidas para cumplir con la meta de déficit fiscal del 5,1% del Producto Interno Bruto (PIB) para este año. Según el ministro Ávila, los buenos resultados en el recaudo de impuestos durante marzo y abril, junto con los ajustes de gasto iniciados en diciembre de 2024, permiten mantener un panorama optimista.

No obstante, expertos expresaron dudas sobre la credibilidad de alcanzar la meta, dada la rigidez del presupuesto nacional, donde el 91% del gasto está comprometido por razones constitucionales o contractuales.

El margen de maniobra para ajustes presupuestales se encuentra en el 9% restante, equivalente a unos $45 billones. Dentro de este monto, se estima que podría haber espacio para recortar entre $13 y $14 billones. Sin embargo, el tiempo para implementar estas medidas es limitado, ya que la Ley de Garantías entrará en vigor en noviembre debido a las elecciones de 2026. Una de las estrategias consideradas es la cancelación de rezagos presupuestales acumulados, que en 2023 alcanzaron los $50 billones de pesos.

Aunque no existen impedimentos legales para esta medida, la implementación busca enviar un mensaje de responsabilidad fiscal a los mercados y observadores internacionales.

Durante las recientes reuniones del FMI y el Banco Mundial en Washington, el Gobierno colombiano sostuvo encuentros con las principales agencias calificadoras de riesgo, como Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s. Estas entidades coincidieron con el FMI y otros actores internacionales en la necesidad de un plan de ajuste fiscal. Este consenso refuerza la importancia de las medidas que se incluirán en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para garantizar la sostenibilidad económica del país y recuperar el acceso a los recursos de la Línea de Crédito Flexible.