La comparecencia de Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, ante la Corte Suprema de Justicia se convirtió en un capítulo clave dentro de la investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en la entrega de contratos de obras públicas en el Instituto Nacional de Vías (Invías). Este hecho se produjo durante un proceso que llamó la atención pública debido a su alcance en diferentes niveles del Gobierno nacional y el Congreso de la República.
Velasco acudió a la sede de la Corte para rendir testimonio ante el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, integrante de la Sala de Instrucción. Su intervención, en calidad de testigo, se inscribe en la investigación que compromete a cinco congresistas activos y a un exrepresentante, que están siendo investigados por supuestos actos de corrupción relacionados con la asignación de recursos desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante la administración de Olmedo López.
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A su salida de la diligencia judicial, el exministro explicó a los medios presentes que cumplió con su deber ciudadano de aportar la información que le consta a la Corte.
“Es la responsabilidad que tiene un ciudadano y fui citado como testigo por el señor magistrado para que le contara a la Corte Suprema, a su sala de instrucción, lo que me consta frente a una investigación que la sala de instrucción está haciendo y eso fue lo que dije. Vine y conté todo lo que me consta. Bueno, frente a este tema del direccionamiento de contratos, este capítulo de envías”, afirmó Velasco, en una breve declaración pública.
La diligencia de Velasco se suma a la comparecencia de otros actores relevantes en el proceso. Entre ellos, se encuentra Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que también fue citado como testigo.
Ramírez rindió declaración durante aproximadamente dos horas, pero al finalizar su intervención evitó ofrecer declaraciones públicas. “Se trata de una declaración de carácter reservada por instrucción de la Corte Suprema de Justicia”, señaló escuetamente ante los medios que esperaban a las afueras del Palacio de Justicia.
El proceso en el cual se lleva a cabo esta investigación gira en torno al presunto direccionamiento de contratos multimillonarios en diversas regiones del país. Las autoridades investigan si estos recursos habrían sido utilizados como mecanismo para asegurar votos en la Comisión de Crédito Público, lo que podría configurar un tráfico de influencias en el manejo de obras viales adjudicadas a través del Invías.
Investigación se centra en presunto direccionamiento de recursos públicos
De acuerdo con información preliminar, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tiene en la mira a al menos 28 congresistas por su presunta participación en estos hechos. La hipótesis principal que se investiga sugiere que existió un entramado para favorecer ciertos proyectos de infraestructura a cambio de apoyo político, en medio de decisiones cruciales para la financiación de proyectos a nivel nacional.
La gravedad del caso se evidenció en el testimonio entregado anteriormente por María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, que proporcionó detalles a los investigadores sobre el supuesto mecanismo de asignación de “cupos” políticos a los congresistas, a cambio de su respaldo en la mencionada comisión.
Esta declaración fue fundamental para que la Fiscalía compulsara copias a la Corte Suprema de Justicia y se abriera formalmente el proceso que actualmente se adelanta.
En paralelo, la Corte Suprema realiza inspecciones a oficinas del Invías, como parte de las acciones de verificación documental que buscan establecer con precisión la ruta de los contratos adjudicados y detectar posibles irregularidades en su asignación.
Exministros de los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro fueron llamados a declarar
Dentro del calendario de citaciones programado por la Sala de Instrucción, entre el 25 de abril y el 7 de mayo, también fueron llamados a declarar otros exministros, tanto de la administración del expresidente Iván Duque como del actual Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Entre los citados se encuentran Alberto Carrasquilla, José Manuel Restrepo, Ricardo Bonilla, Diego Guevara y María Constanza García. Este grupo de exfuncionarios deberá rendir testimonio sobre los aspectos que les consten acerca del manejo de los recursos públicos en los periodos en los cuales estuvieron al frente de distintas carteras.
Durante su breve intervención ante los medios, Velasco reiteró su colaboración con la justicia. “Conté como testigo y como testigo dije lo que me consta y respondí lo que me preguntaron”, puntualizó.
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