El 23 de abril de 2025, la empresa Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, en la que puso en el centro del debate una serie de prácticas irregulares en la contratación de servicios de transporte aéreo por parte de Ecopetrol y sus filiales Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos (Cenit) y Oleoducto Central (Ocensa).
Según la denuncia, estos actos habrían favorecido durante 14 años a una sola empresa, Helistar, en detrimento de la libre competencia y afectando gravemente la estabilidad financiera de Helicol, lo que incluso habría desencadenado su quiebra técnica.
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El abogado Julián Quintana Torres, representante legal de Helicol, dirigió el documento a la fiscal General, Luz Adriana Camargo Garzón. En él, señala a varios funcionarios de Ecopetrol, Cenit, Ocensa y Helistar como presuntos responsables de delitos como concierto para delinquir agravado, acuerdos restrictivos de la competencia e interés indebido en la celebración de contratos.
La denuncia afecta directamente a figuras clave del sector, como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y altos ejecutivos de Helistar, como Milton Cabeza Peñaranda y Carlo Emmanuel Cabra Martínez, entre otros.
Características de las irregularidades que se denuncian
El punto de la acusación radica en que, a lo largo de los últimos 14 años, el grupo empresarial Ecopetrol, junto con sus filiales, habría orquestado un sistema de exclusión de competidores en los procesos de licitación pública relacionados con el transporte aéreo.
Según el documento presentado por Helicol, los contratos fueron diseñados para favorecer a Helistar, restringiendo de manera ilegal la competencia y asegurando que esta empresa fuera la única beneficiada en una serie de multimillonarios contratos de transporte aéreo.
El sistema de contratación, según se describe, habría sido estructurado para garantizar que solo Helistar pudiera acceder a las licitaciones, mientras que empresas como la demantante se veían sistemáticamente excluidas de los procesos.
La denuncia asegura que esta práctica violaba las normas de competencia, restringiendo las oportunidades para otras empresas del sector. “Restringieron la competencia de manera ilegal para que otras empresas no pudieran entrar a los procesos y fueran excluidas. Además, adecuaron el proceso de contratación para que solo él [Helistar] y Stark se quedara con esos multimillonarios contratos”, detalló el abogado Quintana.
El contrato polémico de agosto de 2024
La denuncia también hace referencia a un contrato crucial firmado el 29 de agosto de 2024, el cual se dividió en dos partes: una operación para el transporte de hidrocarburos en las regiones de Cúcuta y Soracá, que representaba el 79,5% de la operación, y la operación en la base de Ariporo en Casanare, que representaba el 20,5%.
Según Helicol, la licitación y los términos del contrato fueron estructurados de manera tal que solo Helistar pudiera cumplir con las condiciones para ser adjudicatario, favoreciendo a la empresa de manera indebida.
La denuncia afirma que, tras la firma de dicho contrato, y debido a las irregularidades detectadas, Ecopetrol decidió terminar el acuerdo con Helicol, alegando que los helicópteros de la empresa no cumplían con los requisitos de licencia y base de operaciones antes del 1 de marzo de 2025, fecha clave para el inicio de las operaciones.
Sin embargo, la empresa asegura que esta justificación era falsa y que las razones reales para la terminación del contrato respondían a un interés por excluir a la empresa del proceso, favoreciendo a Helistar.
Impacto en el sector y la investigación penal
La denuncia presentada por Helicol ante la Fiscalía General de la Nación no solo pone en la mira a Ecopetrol, sino que destaca la falta de control en los procesos de contratación en sectores estratégicos del país, como el transporte aéreo y la industria de hidrocarburos.
Si se comprueban las acusaciones, el caso podría generar importantes cambios en la forma en que se manejan las licitaciones públicas y podría implicar sanciones significativas tanto para los funcionarios involucrados como para las empresas que se beneficiaron de estos acuerdos irregulares.
La Fiscalía deberá ahora evaluar las pruebas presentadas y determinar si existen otros delitos relacionados con este caso.
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