En Colombia, el concepto de patrimonio familiar está diseñado para salvaguardar los bienes esenciales destinados al soporte económico de las familias, conforme a lo estipulado por la Corte Constitucional. La protección abarca activos como la vivienda, alimentación, herramientas de trabajo e incluso el automóvil familiar. La principal característica de estos bienes es su calidad de inembargables, cuyo propósito es “garantizar el soporte y desarrollo económico del hogar ante situaciones de quiebra o crisis”, con lo que se priorizan los derechos de las familias sobre los intereses de los acreedores.
Sin embargo, la Notaría 19 de Bogotá destaca una excepción importante a esta protección: cuando la vivienda familiar está sujeta a un crédito hipotecario. En este caso, el inmueble deja de ser completamente inembargable, ya que el acreedor financiero tiene derecho a ejecutar la deuda en caso de incumplimiento.
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“Cuando se adquiere una vivienda mediante un crédito hipotecario se debe constituir hipoteca a favor de la entidad para que, en caso de incumplimiento en las obligaciones con ella, ésta tenga la opción de ejecutar al deudor para satisfacer el crédito”, explicó esta entidad.
El escenario está regulado por el artículo 38 de la Ley 3 de 1991, que establece el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda y se reforma el Instituto de Crédito Territorial (ICT).
Qué bienes no son embargables y cuáles son las excepciones
El patrimonio de familia incluye solo inmuebles cuyo valor no supere los 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($255.875.000 en 2025). Dichos bienes no pueden ser objeto de procesos de embargo ni por acreedores privados, ni por entidades estatales como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) o las Secretarías de Hacienda, incluso en caso de deudas tributarias, salvo en las excepciones previstas por la normativa sobre créditos hipotecarios.
Además, la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) resaltó que el patrimonio de familia fue creado para “proteger, especialmente la vivienda”, con lo que se asegura contra insolvencias o quiebras. Sin embargo, existe un matiz clave.
“El juez puede ordenar el levantamiento de esta figura (de protección) en los eventos en que la ley así lo ha dispuesto”, en particular, cuando se trata de patrimonios obligatorios relacionados con viviendas de interés social, dice.
Levantamiento del patrimonio de familia obligatorio en proceso judicial
Dentro de un proceso de liquidación judicial simplificada, la Superintendencia de Sociedades aborda la posibilidad de levantar el patrimonio de familia obligatorio en bienes adquiridos como vivienda de interés social. Este levantamiento es excepcional y solo ocurre cuando la normativa lo permite.
Tal como explicó la entidad, “existen patrimonios de familia voluntarios que resultan inembargables, mientras que existen otras clases respecto de los cuales el juez puede ordenar el levantamiento”, una diferencia crítica que permite garantizar el cumplimiento de créditos hipotecarios o la redistribución de bienes en procesos legales.
Además, la normativa estipulada en la Ley 546 de 1999 (ley de vivienda) refuerza esta disposición. La norma establece que el patrimonio de familia inembargable no puede levantarse mientras persista una deuda hipotecaria, a menos que el acreedor otorgue autorización expresa. El consentimiento debe formalizarse mediante escritura pública, lo que protege los derechos del financiador frente a posibles modificaciones contractuales.
Cuándo un Patrimonio Familiar Puede Perder su Protección
El artículo 38 de la Ley 3 de 1991, que modificó disposiciones previas sobre vivienda de interés social, es clave para comprender las limitaciones del patrimonio familiar. La ley dispone que estos bienes son embargables solo cuando una entidad financiera prestó dinero para la construcción, mejora o adquisición del inmueble, y se incumplen las obligaciones adquiridas con dicha entidad. En este caso, el mismo patrimonio asegurado como garantía puede ser utilizado para satisfacer la deuda, dejando sin efecto temporalmente su inembargabilidad.
Por otro lado, es importante aclarar que, fuera de los casos relacionados con hipotecas, el patrimonio familiar conserva la protección absoluta contra cualquier acción de embargo. Entonces, “cualquier otra entidad o persona no puede adelantar un proceso de embargo en una propiedad de patrimonio familiar”, lo que la protege incluso de las autoridades fiscales nacionales.
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