
En un anuncio que no pasó desapercibido en los mercados, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó de la suspensión temporal de la Línea de Crédito Flexible (LCF) que mantenía vigente con Colombia. Esta decisión, que hace parte del proceso de la consulta del Artículo IV, generó incertidumbre sobre la estabilidad financiera del país y sobre el respaldo internacional disponible en caso de una eventual crisis externa.
De acuerdo con el comunicado emitido por el FMI, “la permanencia de Colombia en la Línea de Crédito Flexible (LCF) está sujeta a la finalización de la consulta del Artículo IV y a una posterior revisión intermedia”. En otras palabras, el país deberá superar satisfactoriamente la evaluación de su situación económica actual para mantener el acceso a esta herramienta especial de financiamiento.
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La LCF había sido inicialmente solicitada como una medida de precaución, para reforzar la credibilidad macroeconómica y ofrecer un colchón de liquidez en momentos de alta volatilidad global. Desde su aprobación, Colombia había sido vista como un ejemplo de prudencia en la gestión económica. No obstante, la suspensión temporal plantea interrogantes sobre los actuales fundamentos económicos del país.
Entre los hallazgos, el FMI advirtió que, “las restricciones de liquidez contribuyeron a una acumulación de grandes rezagos presupuestales equivalentes al 2,8% del PIB”. Según cálculos basados en el PIB colombiano de 2023, esto representa aproximadamente 48 billones de pesos en retrasos de pagos, una cifra que evidencia tensiones en la ejecución presupuestaria.
Ante la noticia, el Ministerio de Hacienda de Colombia emitió un comunicado en el que evitó referirse de forma directa a la suspensión de la LCF. En cambio, destacó los avances económicos recientes, la mejora en las reservas internacionales y el crecimiento proyectado del 2,6% para 2025. En palabras del comunicado, “el proceso del Artículo IV continúa en curso” y se mantiene un “diálogo fructífero” con el FMI.
Asimismo, Hacienda señaló que “el Gobierno avanza en la implementación de medidas económicas” orientadas al cumplimiento de las metas fiscales y al fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica, aunque no especificó acciones concretas relacionadas con el futuro de la Línea de Crédito Flexible.

El ministerio también defendió la gestión de la política monetaria y cambiaria, afirmando que “el uso del esquema de inflación objetivo con flexibilidad cambiaria ha sido pieza fundamental en el ajuste ordenado de la economía”, permitiendo la convergencia de la inflación hacia el 3%, la meta fijada por las autoridades.
Sobre el frente externo, la cartera destacó el aumento de las reservas internacionales, que se incrementaron en 3.800 millones de dólares desde finales de 2023, alcanzando los 63.400 millones de dólares, “niveles adecuados según distintas métricas, incluida la sugerida por el propio FMI”.

En cuanto al ámbito fiscal, la cartera reconoció los retos existentes, en particular el aumento del déficit del Gobierno nacional y de la deuda pública en 2024. Sin embargo, insistió en que el Gobierno nacional está implementando una serie de medidas de política económica destinadas a garantizar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Estas medidas incluyen una gestión rigurosa del recaudo tributario, el control del gasto público y estrategias de administración de la deuda, con el objetivo de alcanzar la meta de déficit fiscal del 5,1% en 2025.
Por ahora, Colombia queda a la espera de la conclusión formal del proceso de consulta del Artículo IV y de la revisión de medio término para determinar su permanencia en el programa de la Línea de Crédito Flexible. El desenlace de este proceso será crucial para definir el futuro acceso del país a esta importante fuente de respaldo financiero.
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