
Para muchos hogares colombianos, la posibilidad de tener una vivienda propia sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar, incluso cuando se trata de proyectos de interés social (VIS), que cuentan con apoyo estatal y subsidios.
A pesar de los esfuerzos por facilitar el acceso a este tipo de soluciones habitacionales, diversos factores han reducido su viabilidad para una gran parte de la población.
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En 2024, el Gobierno nacional decidió suspender de forma temporal el programa ‘Mi Casa Ya’, una medida que afectó a más de 40.000 familias que estaban a la espera de recibir el beneficio. Esta interrupción, en medio de un contexto económico complejo, representó un retroceso en la cobertura de subsidios que permitían a muchos hogares adquirir una vivienda nueva.
A raíz de este escenario, la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) publicó recientemente un informe que analiza las actuales condiciones del mercado de la vivienda de interés social. El documento advierte que este modelo está perdiendo efectividad para atender a los sectores más vulnerables del país.
Según la agremiación, “en medio de un panorama económico complejo, donde el sector constructor enfrenta una caída del -4,1 % en su participación dentro del PIB, y una reducción del 12 % en la asignación de subsidios, el boletín pone sobre la mesa una verdad incómoda: la vivienda de interés prioritario, la única opción viable para familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, representa apenas el 8 % de la oferta del mercado”.
El boletín también señala que, aunque los hogares acceden a subsidios a través de las cajas de compensación, esos apoyos no están siendo suficientes frente al incremento sostenido de los precios de las unidades VIS. Una de las razones que explican esta tendencia es la indexación del valor de estas viviendas al salario mínimo.
Sobre este punto, Asocajas sostiene que dicha indexación ha generado un aumento significativo en los costos, afectando directamente la capacidad de compra de quienes devengan menos. La medida, que inicialmente se adoptó como una forma de preservar el poder adquisitivo de los hogares, hoy es considerada uno de los factores que agravan la situación. “La unión del salario mínimo al costo de las VIS también deteriora aún más el panorama”, advierte la organización.
Un aspecto que preocupa especialmente a los analistas del sector es el aumento del valor que deben cubrir las familias con recursos propios para poder adquirir una vivienda VIS. De acuerdo con los datos revelados, “en los últimos 15 años, el monto de recursos propios que debe aportar un hogar para adquirir una vivienda ha crecido más de 110 millones”.
Esto implica que, lejos de reducirse, la diferencia entre el ingreso de los hogares y el precio de las viviendas sigue ampliándose, dificultando cada vez más el acceso efectivo a este tipo de soluciones habitacionales. Aunque se han mantenido los subsidios, su impacto es cada vez más limitado frente a los nuevos niveles de precio que impone el mercado.
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