Una fuerte polémica se ha desatado en torno a la nueva placa conmemorativa que será instalada en el Palacio Liévano —sede de la Alcaldía de Bogotá— en homenaje a las víctimas la toma y retoma del Palacio de Justicia ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Más de 50 organizaciones de militares retirados, reservistas, veteranos y pensionados de la fuerza pública, agrupadas en la mesa de trabajo llamada Fuerza Púrpura, emitieron un comunicado oficial expresando su enérgico rechazo al contenido del texto impulsado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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El principal reclamo de estas organizaciones radica en la exclusión de los miembros del Ejército Nacional y de la Policía Nacional que murieron en cumplimiento de su deber constitucional durante la toma del Palacio por parte del grupo armado M-19. Según denuncian, en el nuevo texto no se reconoce a los 11 uniformados asesinados mientras intentaban proteger a los rehenes y preservar el orden democrático.
“Nos preocupa profundamente que en el proceso de concertación y redacción de esta placa se haya invisibilizado a los 11 miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional que murieron en cumplimiento de su deber constitucional de defender la institucionalidad, el orden democrático y la vida de los rehenes durante el asalto armado a sangre y fuego por parte del M-19 al Palacio de Justicia”, señala el comunicado.
Críticas por presunto sesgo narrativo y omisión del carácter criminal del M-19
Además de la denuncia por la exclusión de los uniformados, la Fuerza Púrpura cuestiona duramente lo que consideran un sesgo narrativo en la placa. Señalan que se detallan las responsabilidades del Ejército Nacional en las violaciones a los derechos humanos, pero no se hace una mención equivalente de la responsabilidad del M-19, organización responsable del asalto armado.
Para las organizaciones de la reserva, resulta “inaceptable que mientras se detallan las responsabilidades de miembros del Ejército Nacional, no exista una mención equivalente de responsabilidad frente a los autores materiales de la toma”. Agregan que los miembros del M-19 “responsables nunca fueron judicializados y sus víctimas nunca han sido reparadas”, recordando que muchos de ellos fueron beneficiados por amnistías e indultos en los años 90.
En su pronunciamiento, subrayan que el ataque debe ser calificado “como lo que fue: una toma terrorista a sangre y fuego, que dejó un centenar de muertos y sembró el terror en una de las instituciones más sagradas del Estado colombiano: la Corte Suprema de Justicia”, insistiendo en que la narrativa propuesta minimiza las atrocidades cometidas por el grupo insurgente.
Los firmantes hicieron un llamado a que se respete el mandato constitucional de una memoria completa, plural e incluyente. Argumentan que “cualquier acto de memoria que excluya selectivamente a víctimas, y más aún a quienes dieron su vida sirviendo a la Nación, rompe con el principio de igualdad ante la ley, desconoce el dolor de sus familias y vulnera la verdad histórica”.
En consecuencia, solicitaron a la JEP y a la Alcaldía Mayor de Bogotá que:
- Se modifique el texto de la placa para incluir una mención explícita a los 11 miembros de la Fuerza Pública caídos durante los hechos de 1985.
- Se reconozca de manera explícita el carácter criminal del ataque del M-19, en equilibrio con las responsabilidades señaladas al Ejército Nacional.
- Se asegure una memoria integradora, sin sesgos ideológicos, que honre por igual a todas las víctimas de esta tragedia nacional.
“La verdad, la justicia y la paz solo serán posibles cuando todos los dolores sean nombrados y todas las víctimas dignificadas”, enfatiza el documento firmado por varias asociaciones de veteranos.
El acto de develación de la nueva placa está previsto para finales de mayo de 2025, reconociendo explícitamente la responsabilidad del Ejército Nacional en graves violaciones a los derechos humanos durante la retoma del Palacio de Justicia.
El evento contará con la participación de familiares de las víctimas, funcionarios de la Alcaldía y magistrados de la JEP. Hasta el momento, ni la Alcaldía de Bogotá ni la JEP han respondido formalmente al pronunciamiento de la Fuerza Púrpura ni a las solicitudes de modificación del texto.
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