El viernes 25 de abril se dio inicio a una ronda clave de audiencias ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, relacionadas con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías).
La jornada estuvo marcada por la declaración del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que compareció en calidad de testigo.
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El caso tiene en la mira a 32 congresistas investigados por tráfico de influencias, en una trama que también involucra a exfuncionarios del Ministerio de Hacienda y directivos de Invías.
La audiencia, que duró más de dos horas, fue la primera de varias convocadas por la Corte Suprema dentro de una investigación que busca esclarecer si existió direccionamiento político de contratos en distintas regiones del país. Estos contratos, de carácter millonario, habrían sido asignados presuntamente a cambio de favores políticos, especialmente votos en la Comisión de Crédito Público del Congreso.
Tras salir del despacho del magistrado instructor Marco Aurelio Rueda, el exministro Carrasquilla atendió brevemente a los medios de comunicación. En sus declaraciones, fue enfático en rechazar cualquier conocimiento o participación en la asignación de los llamados “cupos indicativos”.
“Parece que hay una doctora que elaboró una lista y entonces se interpretó como que esa lista asignaba recursos congresista por congresista, eso nunca lo vi yo. Yo soy una persona que tuvo muchos años de ministro de Hacienda y yo nunca vi una cosa de ese estilo. Puede ser una cosa imaginaria de la cual nunca vi nada de ese estilo”, afirmó Carrasquilla.
La referencia del exministro apuntaba a María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, cuyo testimonio fue clave para que la Fiscalía General de la Nación compulsara copias a la Corte Suprema. Según Benavides, existía una estructura en la que se habrían repartido cupos políticos a parlamentarios, con el objetivo de lograr apoyos específicos en el Congreso, particularmente en decisiones relacionadas con endeudamiento y crédito público.
Una red de favores que está bajo la lupa
De acuerdo con la Fiscalía, el esquema funcionaba a través de intermediarios, entre ellos Juan José Oyuela, directivo de Invías, quien habría facilitado encuentros y comunicaciones entre congresistas y funcionarios. Se investiga si algunos parlamentarios exigían contratos con condiciones amañadas como moneda de cambio por sus votos. En este entramado figuran nombres como los de los congresistas Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez y Katherine Miranda, presuntamente implicados en reuniones para influir en la adjudicación de obras viales.
La investigación contempla, entre otras cosas, la revisión de contratos y convenios suscritos en varias regiones del país, especialmente aquellos gestionados a través del Invías, entidad encargada de ejecutar proyectos de infraestructura vial.
Como parte del proceso, la Corte ha citado a seis exministros —dos del Gobierno Duque (Alberto Carrasquilla y José Manuel Restrepo) y cuatro de la administración del presidente Gustavo Petro (Ricardo Bonilla, Diego Guevara, María Constanza García y Luis Fernando Velasco)—, así como a varios asesores técnicos, entre ellos Jaime Ramírez Cobo y José Roberto Acosta, exdirector de Crédito Público.
A pesar de mostrarse ajeno a las acusaciones, Carrasquilla expresó su disposición a colaborar plenamente con la justicia. “Yo creo que las preguntas fueron muy claras, la respuesta yo creo que también. Y bueno, que la Corte haga su trabajo es lo que todos queremos”, subrayó.
La ronda de audiencias se extenderá hasta el 7 de mayo y promete arrojar nuevas luces sobre un escándalo que podría comprometer a varios legisladores en ejercicio y del pasado. La Corte Suprema deberá determinar si existió una práctica sistemática de tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos, y hasta dónde llegó la cadena de responsabilidades.
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