
El uso masivo de motocicletas como medio de transporte dejó de ser una tendencia para convertirse en una realidad consolidada en las vías del país. Con más de 84.000 nuevas matrículas registradas tan solo en marzo de 2025 —un 45,76% más que en el mismo mes del año anterior—, el auge de este tipo de vehículos es innegable. Y aunque su crecimiento representa una solución de movilidad para miles de colombianos, también trae consigo retos urgentes en materia de seguridad vial y control ambiental.
Uno de los efectos más notorios de esta expansión del parque motorizado es el aumento del ruido en las calles, especialmente causado por motocicletas con modificaciones en sus sistemas de escape. Esta práctica, cada vez más común, genera una ola de quejas de la ciudadanía, en particular en las noches, cuando los sonidos se vuelven más perturbadores. Precisamente, la necesidad de frenar estos excesos llevó al Congreso a tramitar una normativa específica, que ya es una realidad. Se trata de la nueva ley antirruido, sancionada por el presidente Gustavo Petro a comienzos de marzo.
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Impulsada por el representante a la Cámara Daniel Carvalho y el abogado ambiental Camilo Quintero, la norma busca responder al reclamo ciudadano por el ruido excesivo de ciertos vehículos, en especial aquellos son alterados para emitir sonidos más agresivos. “Con esta nueva ley, que fue promovida por el representante a la Cámara Daniel Carvalho y el abogado ambiental Camilo Quintero, el Gobierno tendrá las herramientas suficientes para poner freno al ruido que producen las motos modificadas, las cuales, según la investigación del legislador, son las que más quejas producen de la ciudadanía.”
Aunque la legislación abarca múltiples fuentes de ruido, como zonas de rumba, reuniones privadas y maquinaria pesada, uno de sus focos principales serán las motocicletas. El Ministerio de Transporte tendrá a su cargo la reglamentación del componente vehicular, estableciendo los parámetros técnicos y los niveles máximos de ruido permitidos para motos en todo el país.
En ese sentido, los moteros que recurren a dispositivos que alteran el sonido original del escape o que retiran el silenciador de fábrica, estarán en la mira de las autoridades. Según la reglamentación actual del Ministerio de Salud, el límite de ruido permitido para motocicletas es de 86 decibeles, una cifra que muchos infringen deliberadamente al modificar sus vehículos. “Modificaciones de exhostos, en la mira.”

El proceso de implementación de esta ley tendrá una fase inicial de carácter pedagógico, durante la cual se socializarán las nuevas normas y se concientizará a los conductores sobre los efectos negativos del ruido excesivo. Ese periodo durará seis meses, tras lo cual empezarán a imponerse sanciones económicas.
Las multas no son menores: por ejemplo, la infracción C28 contempla un pago de $604.000 por usar dispositivos que aumenten el ruido del vehículo o circular con un silenciador dañado o inexistente. Más severa aún es la infracción D17, que sanciona con $1.208.000 a quienes violen las normas de emisión contaminante o de generación de ruido. “Cabe señalar que habrá un periodo de pedagogía de seis meses y luego las autoridades de tránsito, para el caso de los vehículos, comenzarán a imponer las sanciones que se contemplen en la ley, y las cuales van hasta los 16 salarios diarios legales vigentes, que para este año equivale a $ 759.200.”
Y no se trata solo de multas. Las motos que no cumplan con los nuevos parámetros podrán incluso ser inmovilizadas. De hecho, uno de los grandes cambios que trae esta normativa es precisamente la posibilidad de que las autoridades detengan el tránsito de aquellos vehículos que excedan los niveles de ruido permitidos, algo que representa un “tatequieto” a conductas que hasta ahora pasaron sin mayor control.

El crecimiento de las matrículas de motocicletas, que subió un 4,52% solo entre febrero y marzo de este año, demuestra que la expansión de este mercado no se detendrá pronto. “Solo en marzo de 2025 se registraron 84.226 matrículas, lo que significa un crecimiento del 45,76% frente al mismo periodo del año anterior, y un aumento del 4,52% si se compara con febrero de 2025, cuando se matricularon 80.585 motocicletas nuevas.” Por eso, medidas como esta resultan fundamentales para garantizar que el derecho a la movilidad no se convierta en una fuente de malestar para el resto de la población.
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