Procurador pudo haber cometido errores al pedir que la Corte no tumbe la reforma pensional de Petro: “Muerde el anzuelo”

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, informó que la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, fue aprobada sin vicios de procedimiento en el Congreso de la República, por lo que la Corte Constitucional no debe declararla inconstitucional.

De acuerdo con el funcionario, que dio a conocer su concepto por medio de un documento, “en su itinerario legislativo no se presentaron irregularidades de trámite con entidad de vicios de constitucionalidad”. La solicitud busca garantizar la legalidad de la reforma y evitar interpretaciones que puedan afectar su implementación.

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Esto, teniendo en cuenta que el alto tribunal estudia varias demandas contra la nueva ley que pretenden tumbarla, ya que se alega, entre otras cosas, vicios en el trámite, principalmente, porque la Cámara de Representantes aprobó, si debatir, el mismo texto al que se le dio luz verde en el Senado.

No obstante, todo indica que el concepto del procurador no es tan claro. Así lo dejó entrever el reconocido experto en pensiones Kevin Hartmann, abogado e Investigador Instituto de Derecho Social, por medio de un hilo en X.

Hartmann anotó que es un documento especial, ya que lo firma un exsecretario del Senado con más de una década en el cargo y algo debe saber sobre el trámite legislativo.

Sobre ese punto, expuso que, pasando al corazón de la demanda, que es de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, y según la cual, hubo un vicio de trámite por la forma en que fue aprobada la reforma en la Cámara, el procurador afirma que no hubo vicio, pero recordó que la Corte no está evaluando si la reforma es buena o mala, sino si está viciada.

Apuntó que usa tres argumentos para sostener su afirmación. El primero es un argumento que parte de la misma base de una columna de Rodrigo Uprimny y Ceballos titulada “¿Es inconstitucional la reforma pensional por falta de debate?”, que se publicó en La Silla Vacía y que sostienen que en el “último debate hubo irregularidades, pero discrepamos de que estas impliquen la inconstitucionalidad de toda la reforma pensional”.

El experto no ve bien que Eljach dice que la demanda que disputa cómo se aprobó la reforma no puede verse de forma aislada, sino que debe tener en cuenta todo el contexto del procedimiento legislativo. Entre otras, por todos los elementos de publicidad y consecutividad del trámite legislativo.

Dice que, frente a la falta de “publicidad”, Eljach está de acuerdo con Uprimny y Ceballos al establecer que esta demanda no tiene un precedente claro. Los demandantes citan las sentencias C-481/19 y C-074/21 como supuestos precedentes, ya que no se cumplió con el principio de publicidad. Sin embargo, el procurador disputa esa idea al dejar claro que no hubo problemas de publicidad. “Eso tumbaría el primer ataque a la reforma pensional”, escribió.

Luego, expuso que el procurador se centra en sobre si hubo o no déficit de deliberación. En tanto, los demandantes dicen que al aprobar todo el texto en bloque viola ese principio constitucional. Sin embargo, el procurador controvierte ese punto con dos argumentos:

• Primero: dice que no hay restricción legal o constitucional para votar en bloque como lo hizo la Cámara.
• Segundo: habla sobre la cantidad de sesiones para aprobar la reforma en último debate (más de tres) y desarrolló cómo se usa la moción de suficiente ilustración de forma legítima.

“El procurador pudo acabar su concepto ahí. Pero va más allá y muerde un anzuelo central en la intervención de Uprimny y Ceballos sobre la posibilidad de que el obstruccionismo legislativo sea inconstitucional. Eljach admite que en el trámite de esta reforma hubo obstruccionismo claro”, aclaró Hartmann.

Y es que, entre otras cosas, se presentaron más de 1.000 proposiciones para un texto de 95 artículos. Es decir, hubo una serie de estrategias para impedir decidir de fondo. Eso, dice el procurador, deberá estudiarlo la Corte y determinar si es ajustado o no a la constitución. Además, citó el trabajo de las historiadoras Sandra Botero y Laura Gamboa que sostienen sobre cómo el filibusterismo (obstruccionismo parlamentario) en Colombia podrían suponer un retroceso democrático.

Así las cosas, el experto confirmó que el funcionario compró, definitivamente, el argumento de Uprimny y Ceballos sobre los peligros del filibusterismo. “La Constitución otorga a las mayorías el derecho a decidir y a las minorías a participar”, insistió.

Luego, sobre el artículo 93 para otorgar beneficios a poblaciones indígenas y negras, dice que no ve ningún problema constitucional, lo que generará un hueco fiscal en Colombia. Y que tampoco lo habría, en principio, en el caso de los impuestos a las pensiones.

“El procurador concluye con advertencias sobre el hecho de que la reforma ya esté produciendo efectos y cómo se ha gastado una plata tanto AFP como Colpensiones en ese esfuerzo. Esas advertencias, creo yo, son innecesarias. No agregan al debate constitucional en curso”, puntualizó.

Como conclusión, Kevin Hartmann detalló que el procurador Gregorio Eljach le compró la tesis uno a Uprimny y Ceballos de su intervención sobre la constitucionalidad del procedimiento legislativo.

“Este concepto es especial. Se trata de un asunto de trámite legislativo y lo firma un exsecretario del Senado que conoce la Ley 5 como pocos. Creo que tendrá un peso grande en la discusión de la plenaria”, finalizó.