El 24 de abril de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional sancionó una medida cautelar en la que ordenó la suspensión provisional de la decisión de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que determinó la capacidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por violación de los topes electorales.

De igual manera, el alto tribunal destacó que se suspenden “las actuaciones administrativas que se encuentran en curso ante el Consejo Nacional Electoral contra el citado funcionario”, se lee en el documento.

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La propuesta, que fue liderada por el magistrado Vladimir Fernández, tuvo cinco votos a favor (Juan Carlos Cortés, Cristina Pardo, Miguel Polo Rosero, Vladimir Fernández y Diana Fajardo) y cuatro en contra (Jorge Ibáñez, Paola Meneses, José Fernando Reyes y Natalia Ángel Cabo).

Cabe recodar que, el decreto solo interrumpe la investigación que adelanta el CNE contra el gobernante de los colombianos en calidad de candidato presidencial, pero no esta relacionada con los otros líderes de la campaña involucrados en el proceso, por lo que personajes como Ricardo Roa seguirán en la misma posición.

“Por virtud de esta decisión, también se suspenderán los términos de prescripción del proceso administrativo en curso contra el Presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, que se adelanta ante el Consejo Nacional Electoral, los cuales se reanudarán una vez se notifique la decisión definitiva que se adopte en este proceso de tutela”.

El gobernante de los colombianos celebró la decisión de suspender la investigación en su contra, señalando que el alto tribunal de justicia detuvo un golpe de Estado en su contra.

Petro también aseguró que además de las pesquisas del CNE a la financiación de su campaña, hay más intentos de sacarlo del poder.

“La corte constitucional frena un golpe de Estado, intentan más”, escribió en su cuenta de X.

El gobernante de los colombianos recibió con emoción la orden de suspender provisionalmente la investigación en su contra, pero no siempre ha agradecido la gestión de la Corte Constitucional en decisiones relacionadas con su mandato.

Por ejemplo, Petro acusó a la institución de obstaculizar la hoja de ruta de su Gobierno, luego de que el alto tribunal desestimara el artículo 261 del Plan Nacional de Desarrollo, una medida que buscaba que las sociedades por acciones simplificadas (SAS) pudieran ser negociadas en la Bolsa.

Petro también cuestionó la entidad judicial por estudiar la ponencia presentada contra la reforma pensional por parte de la senadora de la República por el Centro Democrático Paloma Valencia. La decisión del alto tribunal hizo que Petro entrara en cólera y afirmara que estaban intentando perjudicar una iniciativa, cuyo propósito es beneficiar a los colombianos.

A la par, acusó a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado de ser instituciones lideradas por élites en contra de su gobierno que, según él, tienen como principal objetivo frenar los cambios políticos y económicos necesarios para el país.

Por otro lado, el primer mandatario en febrero de 2025, centró sus críticas en la Fiscalía General de la Nación por abrir una investigación en su contra por la presunta financiación irregular de su campaña presidencial en 2022, tras denuncias de un aporte de $500 millones por parte de Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido contrabandista.

A propósito, hizo cambiar el fiscal que llevaba el caso de su hijo Nicolás Petro Burgos, a pesar de haber dicho que no interferiría en la investigación y lanzó duras críticas contra el fiscal Mario Burgos, que llevaba la investigación.

Incluso, criticó a la Procuraduría General de la Nación por suspender al entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política para apoyar su campaña.