Contraloría advirtió los riesgos de tratar de destinar los recursos de las concesiones viales a la compra de vacunas: “No pueden ser utilizados para otros fines”

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, manifestó su preocupación ante la posibilidad de utilizar recursos originalmente destinados a proyectos viales de cuarta (4G) y quinta generación (5G) para financiar la adquisición de vacunas contra la fiebre amarilla, sin cumplir los procedimientos legales requeridos.

Durante una intervención en Cartagena, el jefe del organismo de control explicó que los fondos vinculados a los contratos de concesión vial están comprometidos desde su origen a través de vigencias futuras y ya forman parte de patrimonios autónomos creados específicamente para cada proyecto. Por esta razón, su uso está restringido a los fines previamente pactados y su desvío podría implicar incumplimientos contractuales.

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“Consideramos que los recursos públicos ya presentes en el Patrimonio Autónomo de cada proyecto, tienen una destinación específica debidamente pactada en el contrato de concesión y no pueden ser utilizados para otros fines”, señaló.

La advertencia de la Contraloría se enfoca en el carácter legalmente riguroso que rige estos contratos. En el caso de los proyectos viales, la financiación estatal se estructura con base en un perfil de aportes que debe ejecutarse conforme a lo establecido entre el Estado, representado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y los concesionarios.

Rodríguez Becerra reconoció que existe la posibilidad de modificar el perfil de los aportes de vigencias futuras. Sin embargo, aclaró que cualquier ajuste en este sentido debe realizarse por mutuo acuerdo entre las partes involucradas y tras cumplir con los trámites correspondientes ante entidades como el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

“La aspiración de modificar el perfil de aporte de vigencias futuras es legítima, pero debe surgir de un acuerdo debidamente protocolizado y con los avales necesarios”, añadió.

La Contraloría también recordó que un eventual incumplimiento por parte del Estado en la ejecución de los pagos estipulados podría generar consecuencias tanto fiscales como contractuales, e incluso penales.

El pronunciamiento busca prevenir que decisiones apresuradas, aunque bien intencionadas en el contexto de la salud pública, comprometan la estabilidad jurídica y financiera de proyectos estratégicos para la infraestructura del país.

Una nueva controversia se desató entre el Gobierno de Gustavo Petro y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), tras las declaraciones del jefe Estado en el Consejo de Ministros, del 21 de abril, acerca de destinar recursos de concesiones viales de cuarta y quinta generación (4G y 5G) al financiamiento de la vacunación contra la fiebre amarilla. El presidente del gremio, Juan Martín Caicedo, respondió de forma muy enérgica al resaltar que los proyectos mencionados cumplen con sus obligaciones contractuales y que la redirección de estos fondos carece de viabilidad jurídica.

El dirigente aseguró que “todos los proyectos de concesión, de cuarta y quinta generación, están cumpliendo cabalmente las actividades y obligaciones a su cargo y, por ende, ninguno de ellos está incumplido”. La afirmación fue respaldada por un análisis de los mecanismos de financiamiento, con lo que se destacó que los recursos públicos asignados a estas iniciativas están destinados de manera exclusiva a pagar las obras ya ejecutadas o financiadas con dinero del sector privado.

Además, el líder de la CCI enfatizó que las vigencias futuras, herramienta clave en el modelo de concesiones, no pueden ser utilizadas para otros propósitos diferentes a aquellos previamente aprobados. “Es decir, las vigencias futuras están pagando la financiación de las obras garantizadas previamente con dineros aportados por el capital privado”, señaló.

En este sentido, aclaró que cualquier auditoría puede confirmar que los retrasos o paralizaciones en algunas obras no son culpa de los concesionarios, sino producto de la falta de decisiones dentro del Gobierno nacional.