Colpensiones recibirá al menos 18 millones de afiliados tras la aprobación de la Ley 2381 de 2024: así se prepara la entidad

La implementación de la Ley 2381 de 2024, encargada de establecer el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común en Colombia, es decir, el fortalecimiento del sistema público de pensiones en Colombia, está en marcha y promete cambios significativos en el panorama de la seguridad social del país.

Ahora, de acuerdo con lo que informó La República, Colpensiones, la entidad encargada de administrar el régimen público de pensiones, se encuentra ultimando detalles para asumir la transferencia de cerca de 18 millones de afiliados provenientes de fondos privados.

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Este proceso, que se espera entre en vigor en julio de 2025, representa uno de los mayores retos logísticos y tecnológicos en la historia del sistema pensional colombiano.

De acuerdo con declaraciones de Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, entrevistado por el diario especializado, la entidad ha avanzado en la preparación de ajustes tecnológicos y logísticos necesarios para garantizar una transición eficiente. Entre las medidas destacadas se encuentra la digitalización del 90% de los trámites, un esfuerzo que busca modernizar y agilizar los procesos administrativos.

Además, se han firmado convenios estratégicos para reforzar la infraestructura de atención, con el objetivo de responder a la creciente demanda que implicará la incorporación de millones de nuevos afiliados.

El medio detalló que, como parte de los preparativos, Colpensiones y el Ministerio del Trabajo presentaron un informe de avances al presidente Gustavo Petro. En este contexto, Dussán señaló que la meta es que todos los decretos reglamentarios necesarios para la implementación de la Ley 2381 estén publicados antes de mayo de 2025.

Un elemento clave en este proceso ha sido el respaldo de la Procuraduría General de la Nación, que mediante el concepto 7433 solicitó a la Corte Constitucional mantener en firme la normativa.

Según el documento, más de 40.000 personas ya han trasladado sus ahorros pensionales de fondos privados a Colpensiones, lo que evidencia la confianza de los ciudadanos en el sistema público. La Procuraduría advirtió que revertir estas decisiones podría generar un aumento significativo en la litigiosidad, ya que los derechos adquiridos por los afiliados podrían ser reclamados judicialmente en caso de que la Ley sea declarada inconstitucional.

Sin embargo, el reto no es menor. Uno de los principales desafíos para Colpensiones será aumentar el número de personas que cotizan activamente al sistema. Actualmente, se estima que cerca de 11 millones de trabajadores no realizan aportes, lo que representa un riesgo para la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, informó, además, que los decretos reglamentarios necesarios para la implementación de la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, estarán listos antes del 1 de mayo de 2025.

Según explicó el funcionario durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, estos decretos son esenciales para garantizar que el nuevo sistema de protección social integral entre en funcionamiento el 1 de julio de 2025.

La Ley 2381 de 2024 establece un Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte, y fue sancionada el año pasado tras un proceso de aprobación expedito en el Congreso de la República.

“Puedo decir con tranquilidad que antes del 1 de mayo los decretos fundamentales que requieren la ley para su implementación serán publicados y vigentes con la firma del presidente y los ministros”, afirmó Dussán. Este anuncio responde a las críticas provenientes de sectores académicos y políticos que han cuestionado la viabilidad y los tiempos de implementación de la reforma.

Dussán destacó que las personas que ya han realizado este cambio están siendo atendidas adecuadamente. Sin embargo, subrayó que cualquier modificación o propuesta para ajustar la reforma deberá pasar nuevamente por un proceso legislativo, dejando claro que la ley actual es el marco normativo vigente.