Colombia refuerza la protección animal: Ley Ángel y Ley Lorenzo fueron promulgadas por Gustavo Petro

En un evento que reunió a más de quinientos defensores de los derechos de los animales, un centenar de perros y diversas autoridades, el presidente Gustavo Petro oficializó la promulgación de dos nuevas normativas que buscan transformar la relación entre los humanos y los animales en el país. Las Leyes Ángel y Lorenzo, impulsadas por la senadora Andrea Padilla, establecen medidas contundentes para combatir el maltrato animal y mejorar las condiciones de los caninos utilizados en labores de seguridad privada. Este acto legislativo marca un hito en la protección animal en Colombia.

La Ley Ángel, identificada como la Ley 2455 de 2025, introduce sanciones penales y administrativas más severas para quienes cometan actos de crueldad contra animales domésticos o silvestres. Por su parte, la Ley Lorenzo, Ley 2454 de 2025, busca garantizar el bienestar de los perros empleados en la vigilancia privada, promoviendo su retiro digno y la implementación de tecnologías que eventualmente los reemplacen. Además, en un anuncio de último momento, el Congreso aprobó la Ley Kiara, también de autoría de Padilla, que regulará los servicios para animales de compañía, como hoteles y guarderías, un sector en crecimiento que hasta ahora carecía de regulación.

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Esta ley establece penas más severas para quienes causen daño a los animales. Las sanciones incluyen prisión superior a cuatro años para quienes maten intencionalmente a un animal, lo que convierte este delito en no excarcelable. Asimismo, se contemplan multas que oscilan entre 15 y 60 salarios mínimos mensuales, dependiendo de la gravedad del daño causado, ya sea lesiones graves o muerte.

La normativa también introduce agravantes específicos, como la violencia vicaria ejercida a través de animales, la difusión de pornografía o escenas de violencia animal, y la mutilación de animales en actividades económicas. Además, se crean penas accesorias que prohíben la tenencia de animales por un período que puede duplicar la duración de la pena principal, así como la inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con el cuidado animal.

En el ámbito administrativo, la ley habilita a la Policía para ingresar a domicilios cuando exista evidencia de que un animal está en peligro inminente. También ordena la creación de una ruta nacional de atención al maltrato animal, que deberá llegar a todos los municipios del país, y establece un procedimiento sancionatorio para casos de maltrato leve o moderado. Según la normativa, el abandono de animales también será sancionado.

En el plano pedagógico, la ley busca sensibilizar a fiscales, jueces y otros operadores de justicia mediante capacitaciones obligatorias. Además, quienes cometan maltrato leve podrán cumplir su sanción asistiendo a cursos sobre protección animal, promoviendo así una transformación cultural en torno al respeto por los animales.

Por su parte, esta ley se centra en los perros utilizados en labores de seguridad privada. La normativa asigna al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) la tarea de desarrollar alternativas tecnológicas que permitan sustituir progresivamente a estos animales en la modalidad de defensa controlada.

Entre las disposiciones más destacadas, la ley reduce la edad máxima permitida para el uso de perros en estas labores de ocho a seis años y exige su esterilización desde los seis meses de edad para evitar la reproducción dentro de las empresas. También obliga a las compañías de vigilancia a implementar planes de retiro que garanticen la adopción de los animales una vez finalizado su servicio.

La normativa establece estrictos estándares de bienestar animal, incluyendo tiempos semanales de descanso y recreación, adecuación de los caniles con condiciones óptimas de ventilación, iluminación y confort térmico, así como la provisión de alimento de calidad y protección contra las inclemencias del clima. Además, las empresas deberán instalar cámaras de vigilancia en los puestos de trabajo y caniles para garantizar el cumplimiento de estas medidas.

Para reforzar la supervisión, se crea el Registro Nacional de Perros de Vigilancia y Seguridad Privada, que permitirá identificar y monitorear el historial de cada animal. Asimismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) será responsable de capacitar y certificar al personal en materia de bienestar animal, mientras que las empresas estarán obligadas a reportar cualquier caso de maltrato en sus instalaciones.