La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado la instalación de una nueva placa conmemorativa en el Palacio Liévano, sede de la Alcaldía de Bogotá.
Esta placa reconoce explícitamente la responsabilidad del Ejército Nacional en graves violaciones a los derechos humanos durante la retoma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
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Esta decisión surge tras un proceso de concertación con las víctimas, quienes desde hace años venían exigiendo una narrativa más justa y completa sobre los hechos, de acuerdo con W Radio.
La placa anterior, instalada por la Alcaldía, fue señalada por las víctimas como revictimizante al centrarse únicamente en el accionar del grupo guerrillero M-19, sin mencionar el rol del Estado en crímenes como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
El nuevo texto, impulsado por la JEP, destaca que fue gracias a la persistencia de los familiares de las víctimas que se logró establecer la implicación del Estado colombiano, a través de miembros del Ejército Nacional, en violaciones graves a los derechos humanos.
Además, califica la toma y retoma del Palacio de Justicia como una “brutal ruptura del orden constitucional”.
El lenguaje de la placa fue definido con base en un informe técnico del Grupo de Análisis de la Información de la JEP, que determinó que los responsables de los crímenes pertenecían exclusivamente al Ejército, lo que justificó el uso de esta denominación precisa en lugar de la genérica “Fuerza Pública”.
El acto simbólico de develación, previsto para finales de mayo de 2025, contará con la participación de familiares de las víctimas, funcionarios de la Alcaldía y magistrados de la JEP
El 6 de noviembre de 1985, el grupo guerrillero M-19 tomó el Palacio de Justicia en Bogotá, reteniendo a magistrados y empleados como rehenes.
La respuesta del Estado fue una operación militar que derivó en un enfrentamiento violento, dejando más de 100 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Según el informe final de la Comisión de la Verdad, la retoma estuvo marcada por graves violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable por la desaparición forzada de varias personas durante la retoma, subrayando la importancia de la justicia y la memoria histórica para las víctimas.
Procuraduría solicita condena para tres militares retirados
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia que condene a tres militares retirados por su presunta participación en la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia.
Según informó El Espectador, el Ministerio Público presentó un documento de 21 páginas en el que detalla las pruebas que vinculan al general (r) Iván Ramírez Quintero, al coronel (r) Fernando Blanco Gómez y a Gustavo Arévalo Gómez con este crimen, ocurrido durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985.
De acuerdo con el medio, la desaparición de Rodríguez Vera se produjo en el contexto de la operación militar que buscaba retomar el control del Palacio de Justicia, tomado por el grupo guerrillero M-19.
En el enfrentamiento, que dejó un saldo de más de 98 muertos y 11 desaparecidos, Rodríguez Vera fue visto con vida al salir del edificio, según registros en video. Posteriormente, fue trasladado al Museo Casa del Florero, donde quedó bajo custodia militar y se perdió su rastro.
La responsabilidad de los altos mandos militares
Según el documento presentado por la Procuraduría, el general (r) Iván Ramírez Quintero, quien para la época de los hechos era comandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici), habría tenido conocimiento y control sobre las operaciones que llevaron a la desaparición de Rodríguez Vera.
El procurador del caso, Jaime Gutiérrez Millán, argumentó que los requisitos legales y jurisprudenciales para configurar la participación criminal de los acusados están plenamente reunidos.
El texto señala que tanto Ramírez Quintero como su subalterno, el coronel (r) Fernando Blanco Gómez, eran responsables de las acciones del Coici, unidad que, según la Procuraduría, retuvo a los civiles que salieron con vida del Palacio de Justicia.
“Fue por cuenta de los miembros del Coici, a cargo del mayor general (r) Ramírez Quintero y su subalterno el coronel (r) Blanco Gómez, que quedaron las personas que luego de haber sido sacadas con vida del Palacio de Justicia, fueron trasladadas al Museo Casa del Florero, en lugar y en un día a partir de los cuales la existencia de Carlos Augusto Rodríguez Vera se convierte en una absoluta estructuración del delito”, afirmó Gutiérrez Millán, según El Espectador.
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