Ministro de Defensa se reunió con la defensora del Pueblo

Durante la noche del martes 22 de abril hubo un crucial encuentro entre el ministro de Defensa, el general en uso del buen retiro Pedro Sánchez, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, donde el tema central fue la protección de la población civil en medio de las confrontaciones que ocurren en el territorio nacional.

La reunión se da luego de que Marín fuera una férrea crítica por la llegada de un militar activo, en su momento, a la cartera de Defensa. Cargo al que posteriormente renunció el otrora alto oficial en la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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Superadas estas diferencias los dos funcionarios del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, trabajaron varios temas, entre ellos los de la apremiante necesidad de que se compagine la acción de la Fuerza Pública en medio de las negociaciones que adelanta el Ejecutivo con los grupos armados organizados en el país, en la denominada política de Paz Total.

“Se estableció como compromiso una interlocución más fluida entre el Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo, para reconocer las acciones que se están desarrollando como respuesta estatal [sic]”, informaron en la cuenta oficial de X del organismo estatal humanitario.

También indicaron que se continuará con la capacitación de los miembros de la Fuerza Pública para mejorar su relacionamiento con la ciudadanía, sobre todo en medio de una situación de conflicto.

“Se abordó la importancia de implementar cursos de formación dirigidos a la cúpula de las Fuerzas Militares, en línea con los temas de pedagogía que ya están planteados [...] Identificaron debilidades en la atención a personas privadas de la libertad y el cumplimiento de sentencias judiciales [sic]”, agregaron.

El encuentro también se da en medio de una tensión entre la Defensoría del Pueblo y el Gobierno nacional, luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti señalara al personero de Ocaña (Norte de Santander), Jorge Bohórquez, por las denuncias que hizo de que en medio de los operativos militares que se llevan en la conflictiva región de El Catatumbo se afectaron civiles.

En sus declaraciones, señaló que “el Ejército bombardea la vereda El Pino sin importar presencia de campesinos, niños, niñas. De seguir, se presentará desplazamiento masivo. Ojo con población civil”. Estas palabras generaron una respuesta inmediata por parte del ministro Benedetti, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar al personero y defender las acciones del gobierno en la región.

El cruce de declaraciones entre Benedetti y Bohórquez, según detalló Infobae, mostró que Benedetti respondió a las declaraciones del personero a través de su cuenta oficial en redes sociales, afirmando que negar la efectividad del decreto de conmoción interior en el Catatumbo era desconocer el esfuerzo de las fuerzas militares. En un tono más contundente, el ministro agregó: “Quien diga lo contrario es sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país”. Estas palabras desataron un intenso debate público, no solo por el contenido de las acusaciones, sino también por el impacto que podrían tener en la seguridad de Bohórquez.

La Defensoría del Pueblo, en su pronunciamiento del 21 de abril, rechazó categóricamente las declaraciones de Benedetti, calificándolas como “incompatibles con las funciones que ejerce un personero municipal”. Según el organismo, este tipo de señalamientos comprometía la seguridad del funcionario local y podía generar un ambiente de mayor vulnerabilidad en una región ya afectada por el conflicto armado.

La región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, ha sido históricamente una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Según lo reportado por Infobae, la situación en la vereda El Pino reflejaba las tensiones que persistían en el territorio, donde las operaciones militares buscaban contrarrestar la presencia de grupos armados ilegales. Sin embargo, estas acciones generaron preocupación entre defensores de derechos humanos y líderes locales, quienes advirtieron sobre los riesgos para la población civil.