La SAE denunció presuntos pagos de coimas y corrupción en la administración de piscícolas bajo la administración de Daniel Rojas

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), a través de su apoderado, el abogado Francisco Bernate, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la administración de las piscícolas Acuapezca y Ematpeya, así como en la designación de su gerente, Arley Perdomo. Según el documento, Perdomo habría sido presionado para realizar pagos económicos con el fin de conservar su cargo, lo que podría configurar delitos como interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio.

De acuerdo con la denuncia, Perdomo habría accedido al cargo mediante una convocatoria en la que fue postulado por un intermediario, identificado como Fredy Murcia, y con la presunta intervención de Sebastián Caballero, que en ese momento ocupaba el cargo de vicepresidente jurídico de la SAE. Al parecer, la denuncia incluye pruebas como registros financieros, transferencias bancarias y conversaciones de WhatsApp que apuntan a que los pagos habrían sido dirigidos a Murcia y a Valeria Chaparro, pareja sentimental de Caballero.

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Es de mencionar que las piscícolas pezca y Ematpeya son propiedades administradas por la SAE, una entidad gubernamental encargada de manejar bienes incautados al crimen organizado.

El documento presentado por Bernate señala que el 7 de marzo de 2025 se recibió una denuncia anónima en la ciudad de Neiva, en la que se detallaban presuntas irregularidades en la administración de las piscícolas mencionadas. Según el anónimo, para legitimar el proceso de selección de Perdomo, se habría utilizado como fachada a una organización social llamada Empaga, lo que permitió presentar la designación como una entrega a la comunidad en lugar de a un individuo en particular.

La denuncia también detalla que Perdomo habría enfrentado presiones económicas para mantener su cargo. Los registros revelan que los pagos se habrían realizado tanto en efectivo en transferencias bancarias. Entre las pruebas aportadas se encuentran copias de giros electrónicos, como uno realizado el 4 de abril de 2024 por un monto de $15.500.000 y una transferencia adicional de $5′000.000 a Fredy Murcia. Además, se incluyen capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp en las que se menciona un pago de $20′000.000, dividido en dos transferencias de 10 millones cada una, que debían ser reportadas a “Sebas y Valeria”.

Aunque la denuncia no identifica de manera directa a Sebastián Caballero, el texto menciona repetidamente a “Sebas”, quien habría tenido un papel clave en las presuntas irregularidades. Con base en el documento, Caballero, en su calidad de vicepresidente jurídico de la SAE, habría influido en la designación de Perdomo como gerente de las piscícolas. Además, su relación con Valeria Chaparro, una de las receptoras de los pagos, refuerza las sospechas en su contra.

Semana destacó que Caballero era cercano a Daniel Rojas, que en ese momento dirigía la SAE y actualmente ocupa el cargo de ministro de Educación. Sin embargo, las autoridades deberán esclarecer si “Sebas” y Caballero son la misma persona y determinar su grado de responsabilidad en los hechos denunciados.

La denuncia presentada por la SAE incluye acusaciones por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio. De acuerdo con el abogado Francisco Bernate, las pruebas aportadas, como los movimientos financieros y las comunicaciones electrónicas, respaldan las acusaciones y serán clave para el desarrollo de la investigación.

El caso ahora está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar la veracidad de las acusaciones y establecer si las personas mencionadas en la denuncia incurrieron en conductas ilícitas. La SAE, por su parte, manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en la administración de los bienes bajo su gestión.

Recientemente, el actual ministro de Educación, Daniel Rojas, se pronunció tras la denuncia de Amelia Pérez, directora de la SAE, indicando en primer lugar que fu él quien recomendó al presidente Gustavo Petro poner en cabeza de la entidad a Pérez “para que tuviera continuidad la política pública social que estábamos manteniendo en la SAE”.

En declaraciones públicas, Rojas se refirió al escándalo indicando que “solo sé que hay un anónimo sobre una persona que malintencionadamente en una revista dijo que ‘si se llama Sebas, entonces tiene que ser Sebastián Caballero’ y él fue un funcionario mío y además ponen mi foto”.

El ministro afirmó que estos son los ataques a los que se expone una persona al asumir una posición política; además aseguró que “no somos parte de los funcionarios que ataques al presidente o ataques al Gobierno para desestabilizarlo”, desligándose así de cualquier tema de corrupción o sabotaje que afecte al Estado.