La pesadilla del Plan Terrazas, el proyecto fallido de Claudia López: “Es doloroso escuchar el testimonio de las familias afectadas”

En las horas de la mañana del miércoles 23 de abril, en el Concejo de Bogotá se llevó a cabo un control político en el que se revelaron los resultados y las fallas del Plan Terrazas, un programa de mejoramiento de vivienda lanzado en 2020 por la administración de la exalcaldesa Claudia López.

De acuerdo con el cabildante Jesús David Araque, el proyecto, que tenía como objetivo intervenir 1.250 viviendas en barrios populares de la ciudad, apenas logró entregar 114 unidades al cierre de 2023, lo que representó un cumplimiento del 9%. Araque precisó que el bajo desempeñó se atribuye a problemas de planeación, falta de seguimiento y errores administrativos que dejaron a cientos de familias en condiciones precarias.

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El Plan Terrazas, concebido como un piloto dentro del Plan de Desarrollo Distrital ‘Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Bogotá del Siglo XXI’, tenía como fin mejorar las condiciones de habitabilidad y reducir la vulnerabilidad sísmica de viviendas construidas de manera informal.

Las localidades priorizadas para este programa fueron Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Suba, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, con un enfoque en predios cuyo avalúo catastral fuera inferior a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). Sin embargo, los resultados obtenidos durante la administración de López fueron objeto de fuertes críticas por parte de concejales y ciudadanos afectados.

Durante su intervención, el cabildante Juan David Quintero comentó que el programa presentó serias deficiencias desde su diseño inicial. Entre los principales errores destacó la falta de focalización adecuada de los beneficiarios, la ausencia de una estimación precisa de los costos de las obras y la falta de gestión de riesgos.

Además, añadió que aunque se contrataron 1.067 mejoramientos, solo 958 contaron con subsidios asignados, dejando a 69 contratos sin financiamiento. Quintero sumó que algunas viviendas subsidiadas no fueron incluidas en los contratos de obra, lo que generó confusión y afectó a numerosas familias.

“El primer gran error, la indebida focalización de los beneficiarios y, en consecuencia, su deficiente planeación. Aunque el plan proyectaba el mejoramiento de 1.250 viviendas, la administración de López contrató 1.067 y no es claro por qué solo se asignaron 958 subsidios. Lo más grave: en los contratos de obra celebrados no se incluyeron algunas viviendas pertenecientes a los 958 hogares que se les asignó un subsidio. Muchas familias quedaron por fuera por errores administrativos” afirmó el concejal.

El programa también enfrentó problemas con los contratistas encargados de las intervenciones. De acuerdo con los datos entregados por los cabildantes, varios operadores, como el Consorcio Bogotá Adelante 2021, la Unión Temporal Avanza Bogotá y el Consorcio Construcciones Bogotá 2021, incumplieron sus compromisos, abandonaron las obras o ni siquiera iniciaron la ejecución de los contratos firmados. Dichas irregularidades dejaron a decenas de hogares con estructuras inconclusas, sobrecostos en arriendos y servicios públicos, y graves afectaciones psicológicas para los afectados.

Araque compartió el caso de doña Luz, el cual lo nombró como “emblemático”. El cabildante narró que la vivienda de la mujer fue parcialmente intervenida y luego abandonada por el contratista. Arraque comentó que según datos de la Veeduría Distrital, a la mujer no se le garantizó el arriendo prometido durante las obras, lo que agravó su situación económica y de salud. Este caso fue remitido a la Personería Distrital, que constató la desarticulación entre la Caja de la Vivienda Popular (CVP) y la Secretaría de Hábitat durante la administración de López. Ante este caso, como otros que compartió, el cabildante señaló que: Es doloroso escuchar el testimonio de las familias afectadas”.

El costo total del programa ascendió a aproximadamente 90.090 millones de pesos, pero los sobrecostos derivados de las obras abandonadas y los incumplimientos superaron los 6.200 millones de pesos. Asimismo, la administración anterior firmó 11 contratos con constructores y 11 con interventorías, muchos de los cuales están actualmente en procesos judiciales o de conciliación por incumplimiento. Según el concejal Juan Díaz, las fallas no solo afectaron la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sino que también generaron un dilema moral al frustrar las expectativas de las familias beneficiarias.

“Abandonaron las obras y dejaron a cientos de familias con sus sueños convertidos en pesadillas, solo por nombrar algunos: Consorcio J.A. - Coral II, Consorcio Plan Terrazas 2023, Consorcio Vivienda Progresiva, entre otros, quienes, durante la Administración de Galán, específicamente en cabeza del Director de la CVP fueron demandados y están siendo debidamente procesados ante la Justicia Contenciosa Administrativa, otros están en procesos de conciliación y otros de incumplimiento”, señaló Díaz.

Desde enero de 2024, la administración de Carlos Fernando Galán está trabajando para corregir los errores heredados del Plan Terrazas. Según la Caja de Vivienda Popular, en los primeros 15 meses de gestión se entregaron 302 mejoramientos, lo que elevó el porcentaje de cumplimiento del programa al 24,16%.

Quintero añadió que durante la administración de Carlos Fernando Galán, al alcalde le tocó “recoger lo que queda de los platos rotos”. A partir de eso, el distrito implementó auditorías internas, reestructurado convenios y sancionado a contratistas incumplidos. También se redirigió a unas 300 familias al programa ’Mi Casa en Bogotá’ para garantizar la continuidad de los mejoramientos pendientes.

Por su parte, el concejal Quintero reconoció los esfuerzos de la administración actual, pero enfatizó la necesidad de mantener la empatía con las familias afectadas. “Es esencial garantizar que las familias desplazadas no se queden sin hogar y que se recupere la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, afirmó.

Para los cabildantes, el Plan Terrazas dejó importantes lecciones sobre la importancia de una adecuada planeación, seguimiento y gestión de riesgos en proyectos de vivienda social. Araque resaltó que el diseño del programa sobreestimó la capacidad operativa e institucional del distrito, lo que resultó en un incumplimiento masivo de las metas propuestas. A pesar de los avances logrados por la administración de Galán, alrededor de 200 familias siguen esperando la finalización de las obras en sus viviendas.

Finalmente, los concejales determinaron que el caso del programa fallido pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en proyectos de esa naturaleza, así como de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente. Mientras tanto, las familias afectadas continúan esperando soluciones concretas que les permitan recuperar la estabilidad y seguridad en sus hogares.