Un ataque armado de gran magnitud sacudió al municipio de Silvia, en el departamento del Cauca, durante la noche del 22 de abril y la madrugada del 23 de abril de 2025.
Según reportes de medios y declaraciones de la defensora de derechos humanos Viviana Vargas Ávila, el enfrentamiento, que se extendió por más de noventa minutos, fue perpetrado por presuntos integrantes de la columna Dagoberto Ramos, una facción de las disidencias de las Farc.
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Los atacantes emplearon explosivos y armas de fuego para hostigar la Estación de Policía local, generando pánico entre los habitantes y confinando a la comunidad en sus hogares.
De acuerdo con lo informado, el ataque comenzó alrededor de las 11:40 de la noche y se prolongó hasta la 1:06 de la madrugada.
Durante este tiempo, los atacantes dispararon desde varios puntos estratégicos del municipio, incluyendo una iglesia, lo que ha generado indignación por el uso de un espacio considerado neutral en medio del conflicto.
Además, se registraron al menos seis detonaciones y múltiples ráfagas de disparos que vulneraron la seguridad del casco urbano.
En paralelo al enfrentamiento armado, los disidentes utilizaron explosivos para irrumpir en la sede del Banco Agrario. Según relataron habitantes de la zona al medio El País, los atacantes destruyeron una vivienda contigua al banco para derribar una pared medianera y acceder a las instalaciones.
Además, videos difundidos posteriormente mostraron a los atacantes movilizándose por las calles del municipio y disparando contra los miembros de la Fuerza Pública.
La defensora de derechos humanos Viviana Vargas Ávila denunció los hechos a través de sus redes sociales, calificándolos como parte de una violencia sistemática que afecta a la región.
En su publicación, Vargas Ávila señaló que “la vida de la población civil en Silvia, Cauca, está en riesgo” y pidió acciones concretas por parte del gobierno territorial, el Gobierno nacional y el Ministerio Público para garantizar la seguridad de los habitantes.
La defensora subrayó la necesidad de una respuesta articulada frente a estos hechos, que no deben ser tratados como incidentes aislados, sino como parte de un problema estructural en la región.
Aunque hasta el momento no se ha confirmado si el ataque dejó víctimas mortales o heridos, la intensidad del enfrentamiento y la duración del hostigamiento han generado preocupación entre las autoridades locales y los habitantes del municipio. La comunidad permanece en alerta ante la posibilidad de nuevos ataques.
El frente Dagoberto Ramos: una amenaza persistente
De acuerdo con Pares, el frente Dagoberto Ramos tiene su origen en exmiembros del antiguo sexto frente de las FARC, junto con las columnas Gabriel Galvis y Jacobo Arenas.
Desde su formación, este grupo ha rechazado cualquier intento de negociación, optando por una estrategia de violencia sistemática que incluye asesinatos, secuestros y ataques con explosivos.
Su principal objetivo es mantener el control sobre los cultivos ilícitos y la producción de drogas en laboratorios clandestinos, una actividad que financia su accionar y perpetúa el conflicto en las regiones donde operan.
Presencia territorial y <i>modus operandi</i>
El frente Dagoberto Ramos ha consolidado su presencia principalmente en el departamento del Huila, donde se han registrado numerosos incidentes en municipios como Neiva, Campo Alegre, La Argentina, La Plata, Natagá y Tesalia, según detalló el medio citado.
Además, su influencia se extiende a otras regiones del suroccidente colombiano, incluyendo Cauca, Valle del Cauca, Tolima y Nariño.
En estas áreas, el grupo ejerce un control férreo sobre las rutas del narcotráfico, imponiendo impuestos a las transacciones de pasta de coca y cocaína, e incluso adquiriendo directamente estos productos.
El accionar del grupo se caracteriza por su extrema violencia. Según habitantes locales citados por Pares, las interacciones con los miembros del frente Dagoberto Ramos giran exclusivamente en torno a la intimidación y el uso de la fuerza.
Entre sus métodos más comunes se encuentran las ráfagas de fusil, los asesinatos públicos y las torturas, prácticas que han sembrado el miedo en las comunidades afectadas.
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