Capturan a notaria por su presunta vinculación en caso de robo de tierras: estaría aliada con Los Costeños

El Grupo Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación, anunció la captura de Ana Dolores Meza Caballero, que se desempeña como notaria segunda del Círculo de Barranquilla.

Según el reporte oficial, la detención se produjo el martes 22 de abril de 2025, mientras la funcionaria se encontraba en el lugar de trabajo.

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La investigación resalta que Meza Caballero está señalada de haber participado en una red de corrupción vinculada al robo de tierras en el departamento del Atlántico.

Este caso, que ha sido objeto de investigación durante más de un año, involucra a un grupo de personas que, presuntamente, se alió con la banda criminal conocida como Los Costeños para apropiarse ilegalmente de terrenos destinados a proyectos comunitarios.

La captura de la notaria forma parte de una operación más amplia que incluyó la detención de 16 personas, entre las que se encuentran funcionarios y exfuncionarios públicos del municipio de Soledad, Atlántico.

Las autoridades no solo realizaron la captura, sino que también recolectaron pruebas que podrían ser clave para avanzar en el proceso judicial.

En una rueda de prensa ofrecida por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el teniente coronel Jorge Mora, jefe del Grupo Anticorrupción de la Dijín, explicó que esta operación es solo el inicio de un proceso más amplio.

“Con nuestra Fiscalía General de la Nación estaremos en una segunda fase, con algunos servidores públicos y con algunas personas”, afirmó el oficial.

Adicionalmente, el uniformado afirmó que se está trabajando en una segunda fase que podría implicar nuevas capturas y la vinculación de otros servidores públicos y particulares.

“Este ha sido un delito en este sector de Colombia, que ha estado muy enmarcado en vínculos con organizaciones delincuenciales. Y también decir que estos servidores públicos, que estas personas, están siendo investigadas en esa segunda fase, por esa vinculación con organizaciones delincuenciales acá en Barranquilla y en el Atlántico”, agregó el teniente coronel Mora.

El robo de tierras es un problema que afecta gravemente a las comunidades del Atlántico, especialmente a aquellas que dependen de estos terrenos para el desarrollo de proyectos sociales y económicos.

Incluso, el mismo presidente Gustavo Petro había anunciado la captura de la red criminal de funcionarios públicos.

“He sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo estado. Aquí hemos capturado con la policía nacional, toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla, la mayoría de los capturados son funcionarios públicos ligados a la clase política regional (...) Las órdenes de captura fueron generadas por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Según la investigación de la Policía Nacional, revelada por el medio local El Heraldo, las pesquisas comenzaron en abril de 2024, cuando la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc) de la Fiscalía inició una investigación sobre presuntas falsificaciones realizadas en la Notaría Segunda de la capital atlanticense.

Entre los documentos fraudulentos tramitados, se identificó incluso un acta de defunción falsa de un narcotraficante, lo que subraya la gravedad de las actividades detectadas en esta dependencia ubicada en el centro de Barranquilla.

El caso no solo involucra a Meza Caballero, sino también a un notario que la reemplazó durante un periodo de vacaciones. Según las autoridades, este funcionario habría utilizado el despacho para beneficiar a presuntos miembros de organizaciones criminales como el Clan del Golfo y ‘los Costeños’.

Entre los años 2018 y 2023, estas estructuras habrían sido favorecidas mediante la falsificación de documentos públicos, lo que les permitió despojar de tierras a sus legítimos propietarios.

Ante esta situación, la Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que vinculan a este notario y a otros dos cómplices con la ejecución de estas actividades ilícitas. Los documentos falsificados no solo facilitaban el despojo de inmuebles, sino que también servían para consolidar el control territorial de estas organizaciones criminales en la región.

Por ahora, se espera que la funcionaria sea presentada ante las autoridades competentes para que responda por este delito ante la justicia.