La Procuraduría General de la Nación emitió el lunes 21 de abril sanciones disciplinarias contra tres exfuncionarios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tras determinar que incurrieron en omisiones graves relacionadas con la atención y gestión de denuncias por violencia de género y violencia sexual dentro de la institución.
Según el pronunciamiento oficial del ente de control, las sanciones se aplicaron en primera instancia y afectan a Ricardo García Duarte, exrector de la universidad; Cecilia Rincón Verdugo, exdecana de la Facultad de Ciencias y Educación; y Tito Ernesto Gutiérrez Daza, exdirector de Bienestar Institucional.
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De acuerdo con la Procuraduría, los hechos se remontan al año 2019, cuando los funcionarios no adoptaron las medidas necesarias para atender denuncias de violencia de género presentadas contra el profesor Carlos Antonio Julio Arrieta, quien pertenecía a la Facultad de Ciencias y Educación. La omisión de los protocolos establecidos para la protección de las víctimas y la falta de acciones concretas para garantizar la restitución de derechos de las estudiantes fueron calificadas como actos de “violencia institucional”.
El caso más destacado involucra a Tito Ernesto Gutiérrez Daza, quien, en su rol como director de Bienestar Institucional, no implementó la ruta de atención integral para las mujeres de la comunidad universitaria, a pesar de las denuncias recibidas. Según el informe de la Procuraduría, Gutiérrez Daza ignoró una denuncia formal presentada el 23 de septiembre de 2019 por Andrés Mateo Quevedo y Juan Pablo Ocampo Gamboa, en la que se señalaban actos de violencia de género cometidos por el profesor Arrieta. La falta de acción por parte del funcionario fue considerada una violación directa de los protocolos diseñados para proteger a las víctimas.
Por su parte, Cecilia Rincón Verdugo, quien ocupaba el cargo de decana de la Facultad de Ciencias y Educación en el momento de los hechos, fue señalada por retrasar de manera injustificada el trámite de la actuación disciplinaria contra el profesor acusado. Este retraso, según la Procuraduría, contribuyó a la perpetuación de un ambiente de impunidad dentro de la universidad.
En cuanto a Ricardo García Duarte, exrector de la institución, se le atribuyó la omisión de medidas administrativas necesarias para proteger a las víctimas de violencia de género y violencia sexual. La Procuraduría determinó que García Duarte no adoptó las acciones requeridas para garantizar la atención adecuada de los casos denunciados, lo que resultó en la negación, el retraso o el entorpecimiento de los procesos a su cargo.
La Procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 resolvió declarar responsables disciplinariamente a los tres exfuncionarios, al considerar que las pruebas presentadas confirmaban las acusaciones en su contra. Como consecuencia, se impuso una sanción consistente en la suspensión del ejercicio del cargo por un período de tres meses para cada uno de ellos. Sin embargo, dado que los sancionados ya no ocupan los cargos mencionados, la suspensión fue convertida en una multa equivalente a los salarios básicos que devengaban durante el año en que ocurrieron las faltas.
El cálculo de las sanciones económicas se realizó con base en los ingresos percibidos por los exfuncionarios en el momento de los hechos. Esta medida busca garantizar que las sanciones tengan un impacto proporcional a la gravedad de las omisiones cometidas.
La sanción impuesta a los exfuncionarios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas representa un precedente en la lucha contra la violencia institucional y la impunidad en casos de violencia de género. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre las medidas que deben adoptarse para prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro.
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