Estados Unidos aseguró en el Consejo de Seguridad de la ONU que la política de Paz Total de Gustavo Petro “no ha arrojado resultados”

En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, John Kelley, representante de Estados Unidos ante la ONU, cuestionó los resultados obtenidos por la política de Paz Total implementada por el gobierno de Gustavo Petro.

Kelley afirmó que la estrategia “aún no ha arrojado resultados mensurables” y expresó que Estados Unidos mantiene una postura cautelosa respecto a las negociaciones con grupos que han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones delictivas transnacionales, como es el caso de algunas de las facciones involucradas en el proceso de paz.

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El representante estadounidense destacó que estas organizaciones no han mostrado un compromiso genuino con la paz, al contrario, continúan involucradas en actividades ilícitas que obstaculizan la construcción de un acuerdo sostenible.

“Estados Unidos sigue siendo cauteloso con respecto al enfoque del gobierno en las negociaciones con organizaciones designadas como terroristas extranjeros por Estados Unidos y organizaciones delictivas transnacionales. Estas entidades están todavía por demostrar un compromiso verdadero de abandonar sus actividades ilícitas y buscar una paz duradera”, aseveró Kelley.

La postura de Estados Unidos se sumó a un análisis más amplio de la situación en Colombia, que también fue abordado por otros actores internacionales en la misma sesión.

Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia, presentó el informe trimestral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, en el que detalló la grave situación de seguridad en varias regiones del país, especialmente en el Catatumbo y el Cauca.

Ruiz Massieu insistió en la importancia de avanzar en la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, advirtiendo que la falta de cumplimiento en diversos aspectos ha permitido la persistencia de ciclos de violencia en áreas clave. Además, destacó la inseguridad de los excombatientes, señalando que, desde la publicación de su último informe, se registraron 23 asesinatos en lo que va de 2025, reflejando un grave desafío para la paz en el país.

Según Ruiz Massieu, uno de los mayores fracasos ha sido la implementación insuficiente de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, debido a la falta de seguimiento por parte del Estado y la ausencia de asistencia al desarrollo prometido a los campesinos que participaron en el proceso de erradicación de coca. En sus palabras, el no haber profundizado en la implementación del acuerdo en los últimos ocho años es lo que ha permitido que regiones como Catatumbo sigan siendo focos de conflicto.

Frente a este panorama, Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, reafirmó el compromiso del gobierno de Gustavo Petro con la implementación del acuerdo, destacando los avances que se han logrado en las zonas más afectadas por la violencia. En su intervención, Sarabia presentó cifras que reflejan los esfuerzos del gobierno, como los 2.4 billones de dólares aprobados para los municipios PDET y la adjudicación de más de 133 mil hectáreas a campesinos.

La canciller enfatizó que el Gobierno colombiano sigue trabajando para consolidar una paz duradera, justa y con un enfoque territorial. También hizo un llamado a la comunidad internacional para mantener su respaldo a Colombia, especialmente en zonas como Catatumbo, Nariño y el Cañón del Micay, donde, a pesar de los avances, persisten amenazas de violencia y desplazamiento.

Sarabia expresó que, bajo el liderazgo del presidente Petro, el país ha demostrado un fuerte compromiso con el proceso de paz. “Cumplir con el Acuerdo no es un gesto simbólico, sino un deber de Estado respaldado por la ciudadanía”, señaló, al tiempo que hizo un llamado a la solidaridad internacional para continuar apoyando los esfuerzos de Colombia en su camino hacia una paz estable y duradera.

A pesar de los avances mencionados por la canciller, el contexto sigue siendo complejo. Las críticas provenientes de actores internacionales como Estados Unidos y las preocupaciones planteadas por representantes de la ONU, como Ruiz Massieu, destacan que la implementación de la paz en Colombia está lejos de ser una tarea fácil. Las regiones afectadas por el narcotráfico y el conflicto armado siguen enfrentando desafíos críticos que dificultan la consolidación de un acuerdo completo y sostenible.