En medio de una creciente ola de especulaciones sobre el estado de salud del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y una intervención médica que habría tenido lugar en Semana Santa, el Congreso de la República quedó al margen de los procedimientos institucionales establecidos por ley. Así lo confirmó el presidente del Senado, Efraín Cepeda, que aseguró que no recibió ningún tipo de notificación oficial sobre una posible intervención estética a la que se habría sometido el mandatario colombiano.
El pronunciamiento de Cepeda tuvo lugar tras conocerse un informe divulgado por la cadena radial Blu Radio, en el que se indicó que el presidente Petro se habría realizado una cirugía estética en el rostro, supuestamente el miércoles 16 de abril. Según dicho reporte, la intervención habría consistido en un procedimiento conocido como ritidectomía o lifting facial, un tratamiento quirúrgico orientado a atenuar los signos del envejecimiento mediante la eliminación de exceso de piel, reducción de la flacidez y disminución de arrugas en el rostro y cuello.
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De acuerdo con antecedentes médicos, esta cirugía requiere anestesia general y, por tanto, un periodo de observación médica que puede implicar al menos una noche bajo supervisión clínica.
El aspecto más relevante de esta situación no fue únicamente la transformación física del mandatario, perceptible en su aparición pública más reciente el 21 de abril, sino el hecho de que, de haberse sometido a una cirugía bajo sedación, el presidente estaba en la obligación legal de informar al Congreso de la República. Esta obligación surge de los principios constitucionales que regulan las funciones del Ejecutivo, particularmente en situaciones donde el jefe de Estado podría verse imposibilitado, aunque temporalmente, para ejercer sus funciones.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, dejó en claro que hasta la fecha no se ha recibido comunicación alguna desde la Presidencia de la República relacionada con el supuesto procedimiento médico. Durante su encuentro con los medios de comunicación, el legislador fue enfático al afirmar: “Lo único, pues que yo he hecho, es examinar en los registros del Senado de la República y ahí no ha llegado, pues, ningún tipo de notificación en ese sentido. Eso es lo que puedo certificar, no sé si la secretaría general, pero a la Presidencia ya del Senado no ha llegado nada”.
La ausencia de dicha notificación provocó inquietudes entre diferentes sectores políticos, que consideran que si el procedimiento incluyó anestesia general o implicó algún tipo de incapacidad médica, por mínima que fuera, la Presidencia debía informar al Senado de manera inmediata.
Así lo reiteró el propio Cepeda al ser consultado nuevamente por los periodistas sobre si era obligatorio dar aviso: “Pues eso dicen los entendidos que debían haber notificado si era una sedación general. Ahora no conocemos los detalles tampoco para no estar aquí improvisando. Solo respondo por decir que no ha habido notificación alguna en la presidencia del Senado de la República”.
Si bien no está obligado a notificarlo formalmente, el presidente debe informar en casos que impliquen una sedación total, ya que esta situación requiere que las instituciones competentes estén al tanto de lo que ocurre en la Presidencia. Esto permite ejercer control y seguimiento adecuado, funcionando como una medida preventiva frente a posibles eventualidades.
El artículo 196 de la Constitución Política establece que el presidente responde por sus actos ante el Congreso de la República, y aunque no se contempla explícitamente un procedimiento en caso de cirugías, sí hay un mandato de transparencia y responsabilidad en el ejercicio del cargo. Por esta razón, el silencio institucional provocó desconcierto, abriendo un nuevo frente de discusión sobre los límites del deber de informar y los mecanismos de control político en el país.
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