Cuál es la deuda mínima por la que una persona puede ser reportada por un banco en Datacrédito: así lo puede evitar

Tener un reporte negativo en centrales de riesgo puede convertirse en un obstáculo para acceder a nuevas oportunidades financieras, arrendamientos e incluso empleos en algunos casos. Este tipo de registro se genera cuando una persona o empresa incumple con las obligaciones financieras, como el pago de créditos, tarjetas, préstamos o servicios. Las consecuencias de este tipo de informes pueden extenderse hasta que la deuda sea saldada y el historial crediticio se regularice.

Las entidades financieras, bancos, empresas de servicios y comercios son los encargados de hacer estos informes que se almacenan en bases de datos de centrales de riesgo como Datacrédito, dependiendo del país. El registro afecta el puntaje crediticio de los consumidores y también limita la capacidad de financiamiento futuro, lo que puede generar un círculo vicioso de dificultades económicas.

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Aunque las deudas suelen asociarse con problemas financieros, es necesario tener en cuenta que, si se manejan de manera responsable, pueden ser una herramienta clave para alcanzar metas importantes. Acceder a un crédito con una tasa de interés baja o solicitar un préstamo que genere un retorno a futuro puede mejorar el historial crediticio y aumentar la capacidad de financiamiento. Esto permite a las personas adquirir bienes como una vivienda, invertir en educación o iniciar un negocio.

Sin embargo, el manejo irresponsable de las deudas puede derivar en intereses en mora y reportes negativos en centrales de riesgo, lo que representa un escenario altamente perjudicial para los consumidores financieros.

Una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios financieros es cuál es el monto mínimo que puede llevar a un reporte negativo en las centrales de riesgo. La Ley 2157 de 2021, también conocida como la “Ley de Borrón y Cuenta Nueva”, establece que solo se podrá hacer este tipo de reporte si la deuda supera los $213.525 o el 15% de un salario mínimo legal vigente.

Además, la normativa exige que el usuario sea notificado al menos dos veces por la entidad acreedora antes de proceder con el reporte. Estas comunicaciones deben hacerse en días diferentes y con un intervalo de al menos 20 días calendario entre cada una. El requisito busca garantizar que los consumidores tengan la oportunidad de regularizar su situación antes de enfrentar las consecuencias de un registro negativo.

Otro aspecto relevante de la ley 2157 de 2021 es que permite a los ciudadanos solicitar la eliminación de un reporte negativo si transcurrieron más de ocho años desde que incumplieron con la obligación financiera. La misma ofrece una oportunidad para que las personas puedan recuperar su historial crediticio y acceder nuevamente a servicios financieros en el futuro.

Dicho tipo de medidas busca equilibrar los derechos de los consumidores con las necesidades de las entidades financieras, promoviendo un sistema más justo y transparente.

El impacto de un informe negativo en centrales de riesgo va más allá de la imposibilidad de acceder a nuevos créditos. Este tipo de registro puede dificultar la aprobación de contratos de arrendamiento e incluso afectar las posibilidades de obtener empleo en ciertos sectores.

Por ello, es fundamental que los consumidores financieros comprendan la importancia de gestionar sus deudas de manera responsable y se mantengan informados sobre las normativas que regulan los informes en centrales de riesgo.

Las deudas, cuando se manejan de manera adecuada, pueden ser una herramienta poderosa para alcanzar metas personales y profesionales. Sin embargo, el incumplimiento de las obligaciones financieras puede generar consecuencias graves, como informes negativos en centrales de riesgo que afectan el acceso a nuevas oportunidades.

La Ley 2157 de 2021 establece parámetros claros para proteger a los consumidores financieros, como el monto mínimo para realizar un reporte y los plazos para notificar al usuario. Estas disposiciones buscan fomentar un manejo más responsable de las deudas y garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados.

En un contexto donde el acceso al crédito es esencial para el desarrollo económico, comprender y aplicar estas normativas es clave para mantener la estabilidad financiera y evitar los efectos negativos de un historial crediticio desfavorable.