Tres meses después de que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, decretaran el estado de conmoción interior para la región del Catatumbo, finalmente será revisado por la Corte Constitucional.
De hecho, se tiene previsto que el miércoles 23 de abril, el alto tribunal de inicio al estudio de la constitucionalidad del decreto legislativo 0062, promulgado el 24 de enero de 2025, que declaró el estado de excepción, en el departamento de Norte de Santander, y en algunos municipios del Cesar.
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Este decreto, emitido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, busca responder a la grave crisis de orden público y humanitario que afecta a la zona desde el 16 de enero.
La ponencia sobre el caso fue radicada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, vicepresidenta del alto tribunal, y se encuentra en el punto 13 del orden del día de la Sala Plena.
El análisis de la Corte Constitucional es crucial, ya que este tribunal tiene la responsabilidad de ejercer un control automático sobre los estados de excepción declarados por el Gobierno.
Aunque el debate está programado para el 23 de abril, no se descarta que pueda ser trasladado a sesiones posteriores, con el objetivo de emitir un fallo antes del 5 de mayo, cuando se cumplen los noventa días de vigencia del decreto.
El análisis del decreto 0062 ha generado opiniones divididas entre las instituciones y sectores involucrados. Según reportó Caracol Radio, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, presentó un concepto favorable ante la Corte Constitucional, solicitando que se declare la norma ajustada a la Constitución.
En su argumentación, Eljach destacó que la crisis en el Catatumbo ha comprometido la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana en las zonas afectadas, incluyendo municipios como Cúcuta, Río de Oro y González, en Cesar.
Por otro lado, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) ha solicitado que el decreto sea declarado inexequible. Según el gremio, la norma no especifica cuáles son las medidas extraordinarias que se implementarían para atender la crisis, ni justifica por qué las herramientas ordinarias resultaron insuficientes.
En palabras de la Andi, citadas por Caracol Radio, el decreto “no dice cuáles son aquellas medidas extraordinarias que resultarían conducentes para paliar la crisis descrita en el acápite de fundamentos fácticos”
Mientras la Corte Constitucional se prepara para debatir el decreto de conmoción interior, el Consejo de Estado tiene programada una sesión el 24 de abril para resolver demandas de nulidad electoral contra altos funcionarios del Estado.
Entre los casos a tratar se encuentran las demandas contra Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor General de la República; José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Corte Constitucional para el periodo 2024-2025; y Hernán Penagos Giraldo, registrador Nacional del Estado Civil.
Mientras tanto, a tan solo dos días de que expire la conmoción interior en el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro anunció que está considerando una posible prórroga, dependiendo de los resultados de un balance detallado sobre los avances logrados durante los últimos tres meses.
Según informó el Gobierno nacional, esta decisión será clave para determinar el rumbo de las intervenciones en una de las zonas más afectadas por la violencia en el país.
El anuncio fue realizado el lunes 21 de abril durante el Consejo de Ministros transmitido por canales oficiales. En su intervención, el mandatario expresó su preocupación por el impacto que tendría el fin del decreto en proyectos clave para la región.
“Se va a acabar en dos días el decreto de conmoción. Yo voy a evaluar si lo prorrogo o no. Si nos tumban el decreto oficial, pues toca mandar el Ejército a la casa, espero que no lo hagan”, afirmó Petro, dejando entrever la complejidad de la situación.
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