Aplicaron extinción de dominio de bienes por $25.000 millones a tres beneficiarios del Sisbén: ¿de dónde salió el dinero?

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, un conjunto de propiedades avaluadas en más de $25.000 millones fue ocupado con fines de extinción de dominio en el departamento de La Guajira. Las investigaciones revelaron que estos bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes del narcotráfico, vinculados a un clan familiar señalado de operar en esta región del país.

Según la información, los bienes pertenecían a los hermanos José de Jesús, Juan Salvador y Erwin Rafael Pérez Escudero, que figuraban como beneficiarios del Sisbén, el sistema que consigna datos de las personas de bajos recursos en el país para que puedan acceder a subsidios. A pesar de no registrar ingresos financieros formales ni desempeñar actividades económicas estables, los hermanos aparecían como propietarios de 9 casas y 11 lotes.

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Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho del Dominio lideró una exhaustiva revisión del origen de las propiedades, concluyendo que estas habrían sido adquiridas con dinero derivado del tráfico de drogas. Según las investigaciones, los hermanos Pérez Escudero formarían parte de un clan familiar dedicado a acopiar grandes cantidades de cocaína en municipios de La Guajira y Cesar, desde donde coordinaban su transporte marítimo hacia el Caribe colombiano.

La droga era enviada a destinos como Curazao y Aruba, para posteriormente ser distribuida en países de Europa. Este esquema de tráfico internacional de estupefacientes habría permitido a los implicados acumular una fortuna que utilizaron para adquirir los bienes ahora ocupados.

En medio de esta operación, la Fiscalía implementó medidas cautelares sobre las propiedades identificadas, incluyendo la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de los bienes. Estas acciones fueron ejecutadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en diligencias realizadas en los municipios de Maicao y Riohacha, ambos ubicados en La Guajira.

Además, otras propiedades vinculadas al caso fueron sometidas a medidas de carácter jurídico. La administración de los bienes ocupados quedó a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad responsable de gestionar los activos incautados en procesos judiciales relacionados con actividades ilícitas.

Este caso demuestra la magnitud de las operaciones de narcotráfico en el norte del país, una región estratégica para el envío de drogas hacia mercados internacionales. La Fiscalía destacó que las propiedades ocupadas no solo representan un golpe económico significativo para las estructuras criminales, sino que evidencian la sofisticación de los esquemas utilizados para lavar dinero y ocultar los recursos ilícitos.

Y es que la ocupación de estos bienes hace parte de los esfuerzos del Estado colombiano por desarticular las redes de narcotráfico y recuperar activos obtenidos de manera ilegal. Según las autoridades, este tipo de operaciones busca debilitar las finanzas de los grupos criminales y enviar un mensaje contundente sobre las consecuencias legales de participar en actividades ilícitas.

Entre los bienes ocupados se encuentran lujosas propiedades que reflejan el nivel de vida alcanzado por los implicados gracias a sus actividades ilícitas. Una de las casas, ubicada en un amplio terreno, cuenta con dos pisos, balcones con barandas de vidrio, una piscina, una zona de asador con techo de palma, un parque infantil y jardines con plantas ornamentales.

El caso de los Pérez Escudero se convirtió en un ejemplo de cómo las autoridades colombianas están utilizando herramientas legales como la extinción de dominio para combatir el crimen organizado y recuperar bienes adquiridos con recursos ilícitos. Según la Fiscalía, este tipo de acciones continuará siendo una prioridad en la lucha contra el narcotráfico y sus estructuras financieras.

Cabe mencionar que, la extinción de dominio es un mecanismo jurídico que permite al Estado colombiano tomar posesión de bienes vinculados a actividades ilegales, incluso si no se ha dictado una condena penal contra los propietarios. Este procedimiento busca atacar las bases económicas de las organizaciones criminales, privándolas de los recursos necesarios para continuar con sus operaciones.

En este caso, la ocupación de bienes por más de $25.000 millones representa un avance significativo en los esfuerzos por desmantelar las redes de narcotráfico en La Guajira y otras regiones del país.