Pese a la crisis fiscal por la que atraviesa el país, las demandas contra el Estado por proyectos de infraestructura sigue en ascenso y podría costar una millonada en caso de que así lo determine la justicia.
De hecho, uno de los casos más recientes fue el fallo del tribunal de arbitramento que evaluó el proyecto Perimetral de Oriente, una de las autopistas de cuarta generación adjudicadas en 2014 y que condenó a la Nación a pagar 1.3 billones de pesos a la concesión encargada de la obra.
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Este fallo se dio tras determinar que la aparición inesperada de más de 70 manantiales de agua en la zona de construcción imposibilitó la ejecución del contrato.
El proyecto, que buscaba conectar Bogotá con el llano a través de una vía alterna de 152 kilómetros, quedó paralizado en 2020. Aunque se habían completado tres de los cinco tramos previstos, los problemas ambientales derivados de los acuíferos no contemplados en los estudios iniciales llevaron a la suspensión de las obras.
Según un reciente informe de la revista Cambio, las empresas contratistas, Shikun & Binui e InfraRed Capital Partners, argumentaron que el Estado no informó sobre la existencia de estos manantiales durante la estructuración del proyecto, lo que derivó en el fallo a su favor y la terminación anticipada del contrato.
Pero el caso de la Perimetral de Oriente no es un hecho aislado. Según documentos a los que tuvo acceso Cambio, actualmente existen 42 tribunales de arbitramento activos relacionados con concesiones de infraestructura en Colombia, con reclamaciones que ascienden a 13,5 billones de pesos.
Esta cifra representa un grave incremento en demandas contra el Estado, ya que en septiembre de 2024 se registraban 32 procesos, lo que implica un aumento de diez casos en apenas siete meses.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, reconoció la gravedad de la situación y señaló que el Gobierno está trabajando en una reforma para mejorar la defensa jurídica del Estado en estos litigios.
En palabras de la funcionaria, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha mostrado una tendencia preocupante a perder los casos en los tribunales arbitrales. Según datos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), entre 2015 y 2024, el 61% de los laudos arbitrales fueron desfavorables para la nación, mientras que solo el 39% resultaron a favor.
De acuerdo con el análisis de Cambio, los conflictos legales en los proyectos de infraestructura tienen múltiples causas. Entre ellas se encuentran problemas ambientales, sobrecostos por obras no previstas, impactos del cambio climático, efectos de la pandemia por covid-19 y disputas relacionadas con peajes.
Un ejemplo es el proyecto del tercer carril en la vía Bogotá-Girardot, que, aunque ya está en operación, enfrenta reclamaciones por 500.000 millones de pesos debido a intervenciones adicionales y costos asociados a la ola invernal de 2020 y la pandemia.
Otro caso emblemático es el de la vía Mulaló-Loboguerrero en el Valle del Cauca, que lleva más de una década sin avances. Aunque el concesionario perdió un tribunal arbitral en el pasado, recientemente presentó una nueva demanda argumentando demoras en la entrega de licencias ambientales.
Mientras tanto, los recursos destinados a la obra permanecen inmovilizados en fiducias, lo que ha llevado al presidente Gustavo Petro a calificar esta situación como un “mecanismo perverso” y a ordenar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de las concesiones viales.
El uso de tribunales de arbitramento en los contratos de infraestructura ha generado un debate en Colombia. Según explicó el experto en arbitrajes Víctor Bernal a Cambio, el arbitraje es una herramienta legítima que permite resolver disputas de manera más ágil que los procesos judiciales tradicionales, que pueden extenderse por años.
Sin embargo, Bernal señaló que el problema radica en la deficiente estructuración de los contratos por parte del Estado, lo que deja a las concesionarias en una posición ventajosa para reclamar compensaciones.
“Lo que debemos analizar es qué está haciendo mal el Estado para que lo condenen en tribunales arbitrales. Es posible que, si se acude a un juez estatal o a un tribunal contencioso, el resultado sea similar. No se trata de que el tribunal arbitral esté condenando al país por capricho, sino que, si se incumplieron las obligaciones contractuales o se defendieron mal, en cualquier tribunal habrá condena. Esa es una herramienta que tienen las concesionarias para garantizar su seguridad jurídica”, señaló el experto al medio.
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