Procuraduría formuló cargos en contra de patrullera que golpeó a un ciudadano en Bogotá en medio de una diligencia de control y registro

La Procuraduría General de la Nación, por medio del boletín 365 de 2025, emitido en horas de la mañana del sábado 19 de abril, confirmó que a la patrullera de la Policía Nacional Erika Judith Pérez Romero se le formularon cargos por presuntos actos de violencia contra un ciudadano.

La institución investiga si Juan Sebastián Novoa fue víctima de una agresión física por parte de Pérez Romero en inmediaciones del humedal Juan Amarillo, en la ciudad de Bogotá, donde, al parecer, la uniformada habría abusado de su autoridad, su uniforme y su identificación para golpearlo en el rostro con una tonfa, en medio de diligencias de control a su vehículo y su teléfono celular.

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Asimismo, el organismo intenta establecer si la servidora pública excedió las atribuciones que le otorga la ley en el ejercicio de sus funciones y si vulneró los principios de legitimidad, proporcionalidad y necesidad durante el procedimiento.

En el boletín, la Procuraduría Primera Distrital califica de manera provisional la conducta de Erika Judith Pérez Romero como gravísima, a título de dolo.

Un incidente ocurrido en octubre de 2024, en el noroccidente de Bogotá, generó polémica en el país tras la difusión de un video en redes sociales. En las imágenes se observa a una patrullera de la Policía Nacional golpeando a un joven en el rostro con su tonfa, conocida popularmente como bolillo. Según informó la Fiscalía Penal Militar y Policial, la uniformada estaba siendo investigada por presuntas lesiones personales, en un caso que ha reavivado el debate sobre el abuso policial en Colombia.

El altercado se produjo durante una requisa en la que los agentes solicitaron la identificación del joven. Según el relato de la víctima, quien ofreció declaraciones al noticiero Citytv, la patrullera habría reaccionado de manera violenta al percatarse de que él estaba grabando el procedimiento con su celular. Este hecho, que inicialmente pasó desapercibido, cobró notoriedad pública tras la viralización del video en redes sociales.

En un comunicado oficial, la Fiscalía Penal Militar y Policial confirmó que el caso está siendo investigado por el fiscal 2405 de conocimiento, quien ya ha iniciado una indagación preliminar para esclarecer los hechos. La entidad aseguró que trabajará con autonomía, eficiencia y transparencia, con el objetivo de determinar si la conducta de la patrullera constituye un delito. Además, subrayó su compromiso con la misión constitucional de la fuerza pública y con la sanción de aquellos funcionarios que se aparten de los principios establecidos.

El comunicado también destacó que el proceso busca garantizar el respeto de los derechos tanto de la víctima como de la uniformada, en un contexto de creciente escrutinio hacia las actuaciones de la fuerza pública en Colombia. Este caso se suma a una serie de denuncias que han puesto en el centro del debate público la necesidad de revisar los protocolos de actuación policial.

El incidente en Bogotá no es un caso aislado, sino que forma parte de un panorama más amplio de denuncias sobre abuso policial en Colombia. En los últimos años, diversos sectores de la sociedad han exigido reformas estructurales en la Policía Nacional, con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones y garantizar el respeto a los derechos humanos.

La viralización del video y la apertura de la investigación penal contra la patrullera han puesto nuevamente en el centro de la discusión pública la necesidad de revisar los protocolos de actuación de los agentes de seguridad. Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han señalado que este tipo de incidentes afectan la confianza de la población en las instituciones encargadas de velar por su seguridad.