Familiares de los hermanos asesinados en Huila denunciaron revictimización por parte de las autoridades

La espera se ha vuelto una forma más del dolor para la familia Trujillo Peña, que aún no ha podido dar el último adiós a sus dos hijos, Luisa Fernanda y Sergio Esteban, asesinados durante un atentado terrorista en La Plata, Huila, en pleno Jueves Santo.

El doble crimen no solo dejó una estela de luto y desolación, sino que ha desencadenado un nuevo calvario para sus familiares, que denuncian ser víctimas de negligencia institucional y una revictimización que les impide cerrar el ciclo del duelo.

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Dos días después de la explosión que sacudió la zona comercial del municipio huilense, los padres de Luisa Fernanda y Sergio siguen sin poder reclamar los cuerpos de sus hijos. Según han denunciado, en la sede de Medicina Legal en Neiva no hay funcionarios de la Fiscalía General de la Nación disponibles para autorizar la entrega, lo que ha generado profunda indignación y frustración.

“Nos los arrebataron y ahora nos maman gallo para entregarlos”, expresó en sus redes sociales Jesús David Peña, primo de las víctimas, quien se ha convertido en una de las voces más firmes en exigir respeto y atención por parte del Estado. “Hasta cuándo tenemos que esperar para que nos entreguen a mis hermanos. Llevamos todo el día esperando una respuesta de un fiscal y no se reporta. Ayer todos esos políticos solo se tomaron las fotos y grabaron sus videos para quedar bien, pero nadie dice nada de mis hermanos”, denunció.

Para los familiares, este retraso no solo es injustificable, sino que representa una forma cruel de revictimización. En medio del dolor por la pérdida, se ven obligados a lidiar con una burocracia que parece no dimensionar la urgencia humana del momento. “Necesito que me los entreguen. Hasta cuándo tenemos que esperar”, concluyó Peña en su desgarradora publicación.

Luisa Fernanda y Sergio Esteban fueron alcanzados por la explosión mientras celebraban el cumpleaños de Luisa en una zona céntrica del municipio, en inmediaciones de la estación de Policía. Una motocicleta cargada con explosivos fue activada al paso de una patrulla, cobrando la vida de los dos hermanos y dejando al menos 33 personas más heridas, entre ellas nueve familiares de las víctimas que hoy esperan atención médica por esquirlas en la vista y lesiones en sus extremidades.

La onda explosiva afectó también locales comerciales, viviendas aledañas y causó daños en la sede de la cooperativa Coonfie. Según información preliminar, el artefacto utilizado fue una granada de mortero calibre 81 mm, un explosivo de alto poder destructivo que las autoridades atribuyen a disidencias de las Farc.

El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, rechazó el atentado con vehemencia. “Condeno el cobarde atentado terrorista en La Plata. Mi total solidaridad con las familias víctimas del hecho, con los plateños, gente buena y trabajadora, y con nuestra Policía. La seguridad es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar”, expresó.

Frente a la gravedad del atentado, el Gobierno nacional ha tomado algunas medidas. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables. “Este acto criminal no puede quedar impune. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para capturar a los responsables de este atentado que enluta a todo el país”, dijo el alto funcionario.

Sin embargo, mientras se ofrecen millones por datos que conduzcan a los culpables, la familia Trujillo Peña refleja reclama por algo mucho más elemental: poder enterrar a sus muertos, pues el drama que viven refleja, además del impacto del conflicto armado, las fallas estructurales del aparato estatal para brindar respuestas oportunas a las víctimas.