
Una fuerte polémica se desató en redes sociales luego de que el veedor ciudadano Jairo Ladino denunciara públicamente que la actual ministra de Comercio encargada, Cielo Rusinque, estaría beneficiándose de dos contratos simultáneos con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para su esquema de seguridad, con un costo conjunto cercano a los 2.000 millones de pesos anuales.
Según lo expuesto por Ladino en su cuenta de X, la UNP tendría vigentes dos contratos distintos que cobijan a la misma persona: uno con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por $1.149 millones, y otro con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por $777 millones.
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“Sra Rusinque, ¿nos confirma esto? Sucede que el @MincomercioCo y la @sicsuper tienen dos contratos separados para proteger a su ministro y al Superint. En este caso, @cielo_rusinque es quien lidera ambas carteras”, escribió el veedor, añadiendo que llama la atención que el esquema de seguridad de la Superintendencia tenga un valor superior al del Ministerio.

“No se están usando recursos de dos contratos”: Rusinque
Ante la acusación, la ministra encargada respondió con contundencia también a través de su cuenta oficial. En una extensa publicación, desmintió categóricamente los señalamientos de doble contratación.
“Señor Ladino, parece que en esta ocasión usted ha querido hacerle honor a su apellido, sin lograrlo. Este tipo de acusaciones, que son absolutamente gratuitas e infundadas, responden a la intención de desinformar a la opinión pública”, expresó Rusinque al iniciar su respuesta, en la que también cuestionó el enfoque selectivo del veedor y defendió la legitimidad de su esquema de seguridad.
La ministra explicó que el convenio suscrito entre el Ministerio de Comercio y la UNP fue firmado el 22 de noviembre de 2024, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Este contrato contempla aportes compartidos entre ambas entidades, que suman aproximadamente 265 millones de pesos para las vigencias 2024 y 2025.

Sin embargo, aclaró que dicho convenio “no se ha ejecutado desde el 13 de marzo de 2025″, fecha que coincide con la salida del exministro Luis Carlos Reyes, que era el titular del despacho al momento de la firma.
“Esto significa que NO SE HAN REALIZADO PAGOS, ni se van a realizar con posterioridad a esa fecha”, afirmó. Agregó que estos convenios no se diseñan para una persona específica, sino que están ligados al cargo. En su caso, al ser ministra encargada, no se ha activado ningún esquema con cargo al contrato del Ministerio, por lo que el único contrato de protección vigente es el correspondiente a su rol en la Superintendencia.
Asimismo, defendió la legalidad del contrato activo, asegurando que “obedece a un análisis fáctico y normativo juicioso hecho por la UNP”, en el cual se concluyó que tanto ella como su familia enfrentan un “riesgo extraordinario real”. Aseguró que aceptar un esquema de seguridad no es un acto de vanidad, sino una necesidad impuesta por amenazas concretas.
Uno de los fragmentos que más llamó la atención de su pronunciamiento fue su reflexión sobre lo que implica portar un esquema de protección en Colombia. “No son causas imaginarias, ni un delirio de grandeza o importancia, el que me ha llevado a aceptar un cuerpo de escoltas”, escribió.

“No sufro de los complejos de muchos que sienten que su importancia se multiplica cuando están rodeados de camionetas y hombres armados”, añadió.
Rusinque señaló que su trayectoria en Europa y su formación personal la llevan a preferir formas de transporte más sostenibles. “Desearía que el transporte público fuera masivo, accesible, limpio, barato y abierto a todos; me gusta viajar en bus o en bicicleta”, afirmó. Sin embargo, reconoció que en Colombia “el odio y la mentira, que conducen incluso a actos homicidas”, obligan a funcionarios como ella a asumir esquemas de protección.
Concluyó su mensaje reiterando su compromiso con el proyecto político del gobierno Petro y con la paz total. “Trabajo duramente para que este proyecto de gobierno se materialice, para que la Paz Total sea una realidad y para que todos podamos ir, como en los países civilizados, a nuestro trabajo en bicicleta”.

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