El anuncio del Ministerio de Hacienda sobre la intención de que los generadores de carga asuman los aumentos en el precio del diésel generó inquietud en el sector transportador. Aunque aún no hay una propuesta formal, la posibilidad de trasladar el alza del combustible a quienes contratan los servicios de transporte genera incertidumbre sobre su viabilidad operativa y económica.
Según explicó Nidia Hernández, presidenta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) a la revista Semana, “el generador de carga es quien contrata a la empresa de transporte”, y en ese sentido, cualquier incremento en el combustible inevitablemente se reflejaría en los costos logísticos. “La única forma de que los generadores de la carga asuman nuevos incrementos en el precio del diésel es a través del pago de los fletes”, indicó. Pero advirtió que los fletes ya tuvieron alzas superiores al 20%, lo cual tensionó las relaciones entre transportadores y generadores, en un contexto económico ya complejo.
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De hecho, Hernández recordó que solo en el último año y medio, el combustible, que representa el 40,2% de la canasta de costos del transporte de carga, subió un 16%, los salarios un 22,6% y los peajes un 30%. Estos tres rubros, que equivalen al 70% de los costos del sector, se ven agravados por una creciente regulación estatal, como el establecimiento de un flete mínimo obligatorio. “Hablamos de un mercado intervenido, con una hiperregulación que asfixia al sector”, sentenció.
El impacto de un nuevo aumento no sería solo para el gremio transportador. Hernández señaló que sectores como la industria, la minería, el comercio y la construcción también sentirían las consecuencias. “Estos sectores vienen en franco estancamiento y con fragilidad financiera. Si se incrementan los fletes por el alza del diésel, la presión inflacionaria será mayor en un momento en el que no ha cedido”, explicó.
Además, mostró escepticismo frente a una propuesta que plantearía establecer un precio diferencial para vehículos como camionetas de lujo. “Físicamente sería imposible aplicar una tarifa diferenciada en más de 6.500 estaciones de servicio del país. ¿Cómo van a distinguir entre un camión de carga y una camioneta en una estación?”, cuestionó.
La dirigente gremial también expresó su molestia por el incremento de 75 pesos en el precio del diésel decretado en marzo, pese a que el Gobierno no cumplió con la totalidad de los 15 acuerdos pactados tras el paro nacional de transportadores en 2024. “Recibimos con sorpresa ese aumento. Pero más allá de que se cumplan o no los acuerdos, honestamente, ningún sector productivo está en condiciones de soportar más sobrecostos”, advirtió.
Los compromisos del Gobierno, según Hernández, avanzan con lentitud. Uno de ellos es la implementación del sistema Sice-Tac para determinar costos eficientes de transporte según tipo de carga y vehículo. “Este proceso necesita muchas más mesas de trabajo y socialización, y aún no se ha cumplido”, dijo. Además, señaló que el Registro Nacional de Despachos de Carga (Rndc) presenta fallas incluso con las operaciones actuales, lo cual pone en duda su capacidad para soportar una implementación más amplia.
En cuanto a la prometida reforma normativa al Decreto 1079 de 2015, Hernández insistió en que debe hacerse con responsabilidad y diálogo. “El Ministerio debe escuchar a todos los actores de la cadena para encontrar un equilibrio que garantice la sostenibilidad del sector”.
A las dificultades propias del alza en los costos se suman los costos ocultos que enfrentan a diario las empresas transportadoras: bloqueos viales, cierres por fallas de infraestructura, inseguridad física y jurídica, y propuestas regulatorias que, según Colfecar, siguen encareciendo la operación logística.
“Ya es inviable sostener la operación logística del país en estas condiciones”, concluyó Hernández, que pidió al Gobierno no avanzar en decisiones que puedan agravar aún más la situación del transporte de carga y de toda la cadena productiva nacional.
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