La ONU alertó grave emergencia humanitaria en varios municipios del Cauca por acciones de grupos armados ilegales

Enfrentamientos armados y la presencia de artefactos explosivos han intensificado la emergencia humanitaria en Guapi (Cauca), alertó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) en la tarde del miércoles 16 de abril de 2025.

La organización humanitaria aseguró que en menos de un día, el número de personas desplazadas aumentó de 60 a 764, mientras que las personas confinadas alcanzaron las 168, con una tendencia al alza. Esta situación provocó un deterioro significativo en las condiciones de vida de las comunidades afectadas, quienes enfrentan restricciones severas para acceder a alimentos, servicios de salud y educación.

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De acuerdo con la Ocha, las comunidades rurales de Guapi están atrapadas en un contexto de violencia que pone en riesgo su seguridad y bienestar. La presencia de artefactos explosivos improvisados y municiones sin detonar en áreas de uso cotidiano ha limitado la movilidad de al menos 1.200 personas, quienes no pueden desplazarse con libertad por temor a ser víctimas de estos peligros.

“Las personas que se encuentran en situación de confinamiento enfrentan un deterioro progresivo de sus condiciones de vida, marcado por el desabastecimiento de alimentos y las restricciones en el acceso a servicios de salud y educación. Esto puede conllevar a riesgos como explotación y abuso sexual, sexo transaccional o por supervivencia, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. Esta situación afecta de manera diferenciada a niñas, niños, adolescentes, mujeres especialmente gestantes y lactantes”, anotaron.

Y es que la situación se viene presentando desde el 9 de abril, donde al menos 160 personas, pertenecientes a 32 familias, permanecen confinadas en zonas rurales del municipio debido a los enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley y la Fuerza Pública.

A partir del 10 de abril, informaron, otras 60 personas, correspondientes a 17 familias, se vieron obligadas a desplazarse hacia la cabecera municipal en busca de seguridad, alojándose en redes de apoyo comunitario. Sin embargo, el desplazamiento no garantiza la protección total, ya que las familias desplazadas continúan enfrentando riesgos significativos tanto en su tránsito como en su permanencia en los territorios.

“En los municipios de López de Micay, Guapi y Timbiquí, la continuidad de las acciones armadas sigue generando graves afectaciones a las comunidades étnicas, quienes se han visto forzadas a desplazarse o confinarse en reiteradas ocasiones como medida de protección”, complementó el organismo internacional.

Para atender esta crisis, la Ocha aseveró que ha identificado varias necesidades prioritarias. En términos de alojamiento, se requiere la adecuación de espacios seguros y dignos para las personas desplazadas, garantizando el acceso a bienes y servicios básicos con un enfoque diferencial que contemple las características étnicas, de género, discapacidad y edad.

En el ámbito de la seguridad alimentaria, anotaron que es urgente proporcionar asistencia alimentaria “que cubra las necesidades nutricionales diarias de las personas confinadas y desplazadas, especialmente de niños, niñas, mujeres gestantes y lactantes”.

En cuanto a la salud, se necesita atención médica prioritaria con énfasis en salud mental, manejo de violencia sexual y atención integral para mujeres embarazadas. Además, enfatizaron que se requiere fortalecer los mecanismos de protección comunitaria e institucional, implementar procesos de educación sobre el riesgo de minas y garantizar la atención psicosocial con enfoque étnico.

La problemática no se limita a Guapi. Según reportó la Ocha, en los municipios de Inzá y Páez, al menos 47.000 personas, principalmente comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas, enfrentan graves riesgos de protección debido a las restricciones de movilidad impuestas por grupos armados.

Estas restricciones han afectado el acceso a medios de subsistencia, cultivos y mercados locales, lo que ha agravado la inseguridad alimentaria y expuesto a las comunidades a situaciones de explotación y abuso sexual.

Entre tanto, desde el 11 de abril, en el corregimiento Gabriel López, municipio de Totoró, aproximadamente 2.500 personas, entre ellas indígenas del pueblo Totoroez y campesinos, permanecen confinadas como resultado de enfrentamientos armados. En la vereda Agua Bonita y otras áreas rurales cercanas, los enfrentamientos han obligado a 298 estudiantes y docentes a permanecer en sus escuelas como medida de seguridad, mientras que las comunidades enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos como salud y educación.