Un ciudadano colombiano de 47 años, identificado como Wilfer Fernando Ordoñez, fue condenado en Francia a seis años de prisión efectiva tras ser hallado culpable de participar en la planificación de la espectacular fuga del narcotraficante uruguayo Walter Pérez Caruso, ocurrida en diciembre de 2016 durante una visita médica al Hospital Universitario de Martinica.
La sentencia por asociación ilícita fue dictada poco después y el acusado fue trasladado de inmediato al centro penitenciario de Ducos, donde cumplirá su condena. Aunque fue absuelto del cargo de violencia armada contra agentes penitenciarios, el tribunal consideró que su papel en la organización del operativo de fuga fue suficientemente probado para emitir una condena firme.
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Un caso que volvió a encenderse tras casi una década
La historia se remonta al 8 de diciembre de 2016, cuando Pérez Caruso, considerado un capo del narcotráfico en América del Sur, logró escapar durante un traslado al hospital Chum.
Un comando armado compuesto por tres hombres en motocicleta interceptó a los guardias que lo custodiaban y, con fusiles de asalto, ejecutó el rescate sin que se efectuaran disparos. De acuerdo con el testimonio de los propios agentes penitenciarios, fue el mismo Pérez Caruso que pidió a sus cómplices no disparar, a pesar de que ya habían reducido a los cuatro custodios.
Desde entonces, el narcotraficante permaneció prófugo, y el caso pasó a convertirse en un símbolo de los fallos estructurales en los protocolos de seguridad para reclusos de alto perfil en la región del Caribe. En octubre de 2024, varios implicados fueron condenados en rebeldía, y se emitió una orden internacional de arresto contra Ordoñez.
Una captura clave tras años de búsqueda
El acusado fue finalmente detenido el 4 de marzo de 2025 en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, junto a su pareja, luego de años en los que se desplazó entre Venezuela, Martinica, Portugal y Francia. Fue interceptado por las autoridades tras una extensa investigación y trasladado a Martinica, donde enfrentó cargos por su presunta participación en la planificación y coordinación de la fuga.
Según el medio local Martinica I, el ciudadano colombiano habría ingresado de manera clandestina a Martinica cuatro meses antes de la evasión, estableciendo vínculos con la pareja de Pérez Caruso y otros sospechosos involucrados.
Además, las investigaciones revelaron intercambios telefónicos entre Ordoñez y varios de los presuntos organizadores del escape. También se consideró como un elemento incriminatorio su salida abrupta del territorio apenas ocho días después de la fuga, lo que fue interpretado por la fiscalía como una clara maniobra para evadir responsabilidades.
Inicio del juicio: despliegue de seguridad y un acusado evasivo
El juicio comenzó el mismo 16 de abril con un fuerte operativo de seguridad. Veinte gendarmes encapuchados, vehículos sin distintivos y dos camionetas blindadas participaron en el traslado del acusado al tribunal.
En el banquillo, Wilfer Fernando Ordoñez negó tener vínculos con la fuga, y declaró: “No tengo nada que ver con este caso”. Sin embargo, su comportamiento vacilante durante la audiencia generó dudas entre los magistrados.
Su pareja, presente en la sala, se mostró visiblemente afectada, mientras que el tribunal repasó minuciosamente los movimientos del acusado entre distintos países durante los últimos años, así como sus relaciones con otros implicados.
Testimonios claves y un veredicto contundente
Uno de los puntos más destacados del juicio fue la presentación de los testimonios de los cuatro agentes penitenciarios que escoltaban a Pérez Caruso el día de su fuga. Relataron cómo dos hombres armados los sorprendieron en el estacionamiento del hospital y los obligaron a rendirse. Aunque no se produjeron disparos, la operación fue considerada altamente peligrosa por la presencia de armamento militar.
La defensa intentó desacreditar las pruebas presentadas por la fiscalía, argumentando que no existía evidencia directa de la participación de Ordoñez en la ejecución de la fuga. No obstante, el tribunal consideró que su rol como planificador era suficiente para imponer una pena significativa.
Su abogado defensor, un letrado parisino, anunció la intención de apelar el fallo, señalando que las pruebas eran circunstanciales y que no se pudo probar la participación directa de su cliente.
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