Así reaccionó el país político ante la decisión de Petro de no ampliar el cese al fuego con las disidencias de Calarcá: “Cuánto dolor y muerte nos hubiésemos ahorrado”

El Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, decidió no renovar el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor de los Bloques y Frente (Embf) de las disidencias de las Farc, liderados por Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá y Andrey Avendaño, comandante del Frente 33 de este grupo alzado en armas.

En una carta conocida públicamente el jueves 17 de abril de 2025, la Presidencia de la República notificó la decisión a la Consejería Comisionada de Paz, así como otras organizaciones garantes del proceso de paz que adelanta la administración nacional con el grupo armado, teniendo en cuenta que la medida había expirado el martes 15 de abril del año en curso.

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“Por medio de la presente, la Consejería Comisionada de Paz notifica por vía escrita la decisión formal del señor Presidente de la República, notificada al Consejero Comisionado de Paz y al Coordinador de la Delegación del Gobierno para estos diálogos, de no prorrogar el Cese al Fuego Bilateral y Temporal con Respeto a la Población Civil (CFBTRPC)”, se lee en la misiva.

No obstante, desde la Casa de Nariño aseguraron que la no prórroga del cese al fuego no implica la finalización de las conversaciones de paz entre las partes, pero recalcaron que las suspensiones de las o de captura contra los integrantes del Embf también fueron levantadas, es decir, las autoridades tienen vía libre para la detención de estos sujetos.

La decisión del Gobierno Petro ha desatado varias reacciones en el sector político colombiano. Mientras que algunos consideran que es un duro golpe para la política de paz total, impulsada por el mismo mandatario colombiano, otros celebraron la orden presidencial.

Es el caso del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en el que manifestó que es una decisión que debía haberse tomado con anterioridad, al recordar que alias Calarcá había sido detenido por el Ejercito colombiano en julio de 2024, cuando se movilizaba en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por las vías del departamento.

“Antioqueños, ¡Cuánto dolor y muerte nos hubiésemos ahorrado! A este criminal, alias Calarcá, lo capturó el Ejército en las vías del Departamento, en la caravana de la UNP el 23 de julio de 2024. Horas más tarde, lo soltaron como si se tratase de un angelito. Esto ante la mirada impotente de los Soldados que lideraron el operativo. Ese día habría quedado desmantelada esa estructura criminal (...) Anuncia ahora el gobierno Petro que se acaba el cese al fuego con las disidencias Farc al mando de Calarcá”, escribió el mandatario departamental en su cuenta de X, en donde compartió un video con la detención del líder de las disidencias.

Además, Rendón sostuvo que, en reiteradas oportunidades, alertaron a la Comisión de Verificación del Cese al Fuego sobre las vulneraciones de este grupo armado a la medida del Gobierno nacional. “Le informamos innumerables veces que en Antioquia estos criminales estaban violando el cese al fuego. Es más, ayer (16 de abril de 2025) enviamos el último oficio con denuncias de extorsión de la comunidad sobre estos bandidos. Será difícil remontar, porque tuvieron casi tres años para fortalecerse y enriquecerse. Pero de peores situaciones hemos salido”, comentó.

Además del gobernador de Antioquia, otros políticos y expertos en seguridad también opinaron al respecto. La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, señaló que es una noticia que se debe mantener con prudencia y respeto, pero enfatizó en que ello no debe significar el reinicio de actividades criminales por parte de dicha organización.

“Los diálogos continúan y están, como lo han estado siempre, por encima del cese al fuego, por lo que esperamos que esta decisión no signifique el aumento de las hostilidades por parte de las disidencias, algo para lo cual, en todo caso, estamos preparados y no nos tomará por sorpresa”, afirmó.

Por su parte, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lamentó que se haya culminado la medida, aunque confía en la labor de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para contrarrestar cualquier ofensiva de esta estructura ilegal.

“Acaba el último cese con las 4 estructuras armadas ilegales más grande y que más daño hacen la población civil: ELN, Clan del Golfo, Disidencias de Iván Mordisco y Calarcá. El estado los enfrentará en el territorio. Esos grupos no cumplieron sus compromisos ni avanzaron en una real voluntad de desmovilización y desarme. Gran reto para nuestras fuerzas militares y de policía que desde las últimas semanas ya están a la ofensiva”, dijo el exfuncionario del Gobierno Petro.

Del mismo modo, el representante a la Cámara, Alejandro Toro, señaló que esta decisión disminuye el sueño de millones de colombianos que anhelan con la finalización del conflicto armado.

“Es una noticia lamentable. Cada vez que se suspende un diálogo, cada vez que se suspende un cese al fuego, se va apagando la chispa y la esperanza del sueño de los colombianos de la paz (...) los colombianos queremos ver voluntad de paz por parte de los grupos armados del país, no más bombas, no más asonadas, no más ataques contra la población civil; los invito a que extiendan la mano de la paz de este Gobierno”, mencionó el congresista del Pacto Histórico.

Finalmente, Leonardo González, director de Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) calificó la decisión del presidente Petro como un “retroceso” a los avances que se habían obtenido con los grupos al mando de alias Calarcá.

“Representa un serio revés para las comunidades que habitan territorios históricamente golpeados por el conflicto armado. Esta medida no solo implica el reinicio de hostilidades, sino que también dificulta gravemente la implementación de programas sociales, ambientales y económicos del Estado en zonas donde la presencia institucional ya es débil o nula (...) debería ser evaluada con extrema precaución, especialmente cuando los costos los pagan, una vez más, las comunidades rurales e indígenas que han insistido en la paz como derecho colectivo y proyecto territorial”, manifestó.