Más de 2.000 menores fueron reclutados en Colombia desde 2020: informe de la Fiscalía revela alarmante situación

La violencia contra menores en Colombia adquirió una nueva dimensión de urgencia. Lejos de ser casos aislados, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales se consolidó como una práctica sistemática que amenaza los derechos fundamentales y la estabilidad de comunidades enteras. Entre 2020 y 2024, la Fiscalía General de la Nación documentó 2.340 casos de reclutamiento ilícito de menores en el país, una cifra que refleja la gravedad de un problema que sigue creciendo en silencio.

Frente a esta situación, el ente acusador implementó una estrategia regional específica en 11 seccionales donde el fenómeno presenta mayor incidencia. La iniciativa busca articular esfuerzos institucionales y fortalecer las capacidades de investigación y respuesta en los territorios más vulnerables. Esta estrategia incluye la coordinación de las Direcciones Especializadas de Derechos Humanos y contra el Crimen Organizado, en conjunto con entidades como el Icbf, el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (Coda) y la Policía Nacional.

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Los datos revelan que el departamento del Cauca encabeza la lista de regiones más afectadas, con 569 casos registrados. Le siguen Meta (516 casos), Nariño (248), Chocó (202) y Antioquia (182). Estas cifras muestran cómo el reclutamiento forzado se concentra en zonas históricamente marcadas por el conflicto armado, el abandono institucional y la presencia de grupos al margen de la ley.

En respuesta a las condiciones específicas de algunas comunidades, se suscribió un protocolo de entendimiento con la Jurisdicción Especial Indígena. Este acuerdo busca facilitar la búsqueda urgente de víctimas de desaparición forzada vinculadas al reclutamiento, y reconoce las dinámicas culturales y jurídicas propias de los pueblos indígenas, al tiempo que fortalece la protección de sus niños y adolescentes frente a este flagelo.

Las autoridades también insistieron en que el abordaje del reclutamiento forzado debe ir más allá de la judicialización. Para ser eficaz, debe contemplar acciones preventivas y de protección integral en zonas rurales y periféricas. Esto implica reforzar la presencia estatal, ofrecer alternativas educativas y de inclusión social, y garantizar entornos seguros donde los menores puedan desarrollarse sin estar expuestos al riesgo de ser instrumentalizados por actores armados.

El informe de la Fiscalía no solo entrega cifras, lanza una alerta sobre el impacto que el reclutamiento tiene en el tejido social del país. El trauma psicológico, la pérdida de proyectos de vida y la naturalización de la violencia entre los más jóvenes son consecuencias que persisten durante años, y que solo pueden ser revertidas con políticas públicas sostenidas, coordinación interinstitucional y una mirada comprometida con los derechos de la infancia.

Durante el primer trimestre de 2025, las comunidades indígenas del norte del Cauca emitieron una alerta máxima ante el incremento del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Esta práctica, que vulnera el derecho internacional humanitario, se intensificó en territorios como Caldono, Morales, Toribío, Jambaló y Tierradentro, zonas que conforman Sa’th Tama Kiwe. Solo en 2024 se documentaron 219 casos de menores indígenas reclutados en el Cauca, y en lo que va de 2025 ya se reportaron 13 más.

Según el Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca), este tipo de violencia no solo representa un grave riesgo físico y emocional, sino también una amenaza directa a la pervivencia cultural de los pueblos originarios. Indepaz advirtió que el reclutamiento evolucionó, usando redes sociales como TikTok para atraer a menores con promesas falsas de empleo, dinero o lujos. Los grupos armados los utilizan no solo en combate, también en tareas de inteligencia y coerción.

Frente a esta situación, las comunidades activaron rutas de protección colectiva y exigen al Estado y organismos internacionales como la ONU y Unicef tomar medidas urgentes. También se solicitó a los grupos armados que cesen estas prácticas que destruyen el tejido social indígena. La presencia de grupos como el ELN, las disidencias del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia agrava aún más este panorama de violencia y vulnerabilidad infantil en el Cauca.